San José, 18 oct (elmundo.cr) – El Tribunal de la Inspección Judicial avanza en una investigación en contra de dos jueces que abrieron el portillo para que el expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, sea indagado por sus actuaciones en el caso de la mina Crucitas.
Así lo confirmó la Oficina de Prensa del Poder Judicial ante una consulta hecha por EL MUNDO el martes, donde indicaron que el caso ya se tramita bajo el expediente 17-1524-0031-IJ.
Los investigados son los jueces Rodrigo Obando Santamaría y Hugo Vargas Quirós, quienes anularon la elevación a nuevo juicio del caso Crucitas, al considerar que la Procuraduría General de la República (ente que funge como Abogado del Estado) debía aclarar primero si se iba a imputar o no al expresidente Arias por prevaricato.
El nuevo juicio involucra al exministro de Ambiente, Roberto Dobles, quien junto con Arias firmó el decreto de interés público y conveniencia nacional a la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos.
Dobles fue condenado el 28 de enero del 2015 a tres años de prisión, tras determinarse que realizó un favorecimiento ilegal a la empresa Industrias Infinito, al haber firmado el decreto junto con el expresidente, aunque este último no fue acusado.
La sentencia fue recurrida y el Tribunal de Apelación ordenó un nuevo juicio contra él y otros seis imputados, por considerar que la resolución era deficiente al haber exonerado de responsabilidad a algunos, así como en los motivos por los cuales se condenó al exministro.
Dado que el Decreto Ejecutivo firmado por Dobles no tenía validez sin la firma del entonces Mandatario, los jueces pidieron aclarar si Arias era parte acusada, pues se estaban indagando hechos que podrían suponer la comisión de delitos por parte de una persona que no está involucrada en el proceso.
Dados estos hechos, los jueces determinaron que se debía devolver el proceso a la fase intermedia, para permitir a la Procuraduría “aclarar” la situación legal de Arias, con el fin de respetar las garantías “de todas las partes”.
Lo actuado por los jueces, sin embargo, no fue bien visto por el Ministerio Público, liderado por el ahora suspendido Fiscal General, Jorge Chavarría.
Esa institución indicó a EL MUNDO semanas atrás que lo ocurrido resultaba “altamente irregular”, por lo que procedería a comunicar los hechos a la Inspección Judicial, para que se procediera con la investigación disciplinaria respectiva.
Según la información disponible sobre ese caso, los jueces acusados ya presentaron sus descargos, sin embargo, el contenido de los mismos no es de acceso público por tratarse de un proceso disciplinario en curso.
“Este juicio ya se había realizado, obteniéndose una sentencia condenatoria, sin embargo, en apelación, se determinó que debía repetirse. Esto significa que la etapa de elevación a juicio ya es una fase superada, y de cumplirse la resolución del Tribunal Penal, este expediente pasaría a formar parte de la mora judicial que está produciendo que los casos se conozcan (es decir, que vayan a juicio), al menos, entre tres y cinco años después, lo cual es contrario a las políticas que sigue la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia”, dijo el Ministerio Público.
