San José, 10 oct (elmundo.cr) – El proyecto de Ley Marco de Acceso a la Información Pública, expediente 23.113, presentado por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, ha avanzado en su segundo debate en la Asamblea Legislativa.
Este proyecto busca llenar un vacío importante en la legislación de Costa Rica, ya que el país, a diferencia de otras naciones en América Latina, no cuenta con una normativa marco en esta materia, a pesar de los esfuerzos previos y las iniciativas presentadas.
Diversas organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, como la OEA y la OCDE, han impulsado la creación de leyes que fortalezcan la transparencia gubernamental y garanticen el acceso a la información pública.
Pacheco destacó la relevancia de esta ley en el contexto actual del país, marcado por una relación tensa entre los poderes del Estado y los medios de comunicación. “Esta Ley Marco garantizará esa transparencia administrativa y un verdadero ejercicio de los derechos fundamentales de información para los ciudadanos”, aseguró el diputado.
La ley tiene como objetivo asegurar que el Estado cumpla con el derecho humano de acceso a la información pública de manera proactiva, oportuna y accesible. Esto, a su vez, fortalecerá la rendición de cuentas por parte de las autoridades y permitirá que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de manera efectiva. Pacheco subrayó que la aprobación de este proyecto representa un paso adelante en el principio de progresividad de los derechos fundamentales en Costa Rica.
Entre los aspectos clave del proyecto se destacan los principios de coordinación institucional y accesibilidad, así como la inclusión de disposiciones que amplían el acceso a la información a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los grupos vulnerables como mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y niños/niñas.
Uno de los puntos más novedosos es la incorporación de los partidos políticos en los mecanismos de transparencia del ámbito electoral, así como una redacción más clara sobre los límites del acceso a la información, que ahora se regirán exclusivamente por lo dispuesto en la Constitución Política y la legislación especial. Este cambio es especialmente significativo, ya que en proyectos anteriores se incluyeron limitaciones derivadas de la doctrina, lo que complicaba el acceso a la información para los ciudadanos.
Además, la ley obligará a la Administración a implementar medidas que promuevan la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población. También se amplían los supuestos de publicación oficiosa por parte de las instituciones, con recomendaciones de instituciones como el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) y la Universidad de Costa Rica (PROLEDI).
La iniciativa ha recibido el respaldo de diversas organizaciones públicas y no gubernamentales, entre ellas Costa Rica Íntegra, PROLEDI y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, que han colaborado en la redacción de recomendaciones clave para su desarrollo.
Con este avance, Costa Rica da un paso importante hacia la consolidación de un marco legal robusto que garantice a sus ciudadanos un acceso más amplio y equitativo a la información pública, promoviendo una mayor transparencia y un fortalecimiento de la democracia.
