San José, 18 abr (elmundo.cr) – Con un trabajo conjunto entre el Viceministerio de Diálogo Ciudadano, el Instituto Nacional de Desarrollo (Inder), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Hacienda, el Poder Ejecutivo alcanzó el cierre de los primeros estudios de propiedades en territorios indígenas para su devolución a las comunidades originarias.
Se trata de dos fincas en el territorio indígena de Cabagra (Buenos Aires) y una en el territorio de Maleku (Guatuso), las cuales completaron todo su proceso de estudio hasta culminar con el dictamen jurídico, que determina que estas propiedades están en manos de personas no indígenas y deben ser entregadas a las comunidades indígenas.
Los expedientes fueron remitidos en enero y febrero de este año por el Inder a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), según lo establece la ley Nº6172. El Conai resolvió en sesión del 4 de marzo elevar una consulta sobre el proceso de los pagos a la Contraloría General de la República, lo cual ha implicado la paralización del proceso de devolución hasta contar con la respuesta del ente contralor.
A pesar de que la promulgación de la Ley Indígena de 1977 definió la obligación del Estado de devolver todas las tierras a las asociaciones de desarrollo de los territorios, fue hasta la Administración Alvarado Quesada en la que se finalizaron los primeros estudios como parte del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (Plan RTI) -creado en 2016- y además se asignaron fondos para indemnizaciones para los poseedores de buena fe.
“Se ha brindado un esfuerzo decidido y sistemático para que, dentro del plan RTI, se tenga una ruta clara a nivel administrativo para la devolución de tierras indígenas. Este esfuerzo está dando resultados y se espera que las instancias respectivas puedan tomar decisiones trascendentales para este tema. Sabemos que el goce pleno de los derechos de los pueblos indígenas está directamente relacionado con la tierra, territorios y recursos”, afirmó el viceministro de la Presidencia, Randall Otárola.
En total, el Gobierno de la República destinó ₡3.200 millones, de los cuales ₡2.000 millones son aportados por el Inder y ₡1.200 millones están incluidos en el presupuesto Ministerio de Agricultura y Ganadería. El fin de este presupuesto es indemnizar a las personas que, si bien son poseedores sin ser personas indígenas, su adquisición no fue ilegal. Tal es el caso, por ejemplo, de quienes adquirieron propiedades antes de la definición de los límites de cada uno de los territorios.
Si bien el proceso de estas tres fincas culminó con éxito con los estudios del Inder, actualmente el Ministerio de Hacienda está a la espera de la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) que le permita realizar las indemnizaciones del caso, y de esta manera las autoridades puedan tomar las propiedades y hacer el traslado registral a las asociaciones de desarrollo de Cabagra y de Maleku.
En cuanto a los avances logrados durante la presente administración en la implementación del RTI, creado en 2016, el viceministro Otárola detalló que “el Inder analizó más de 5.000 documentos, midió 208 mojones y 1.593 propiedades, realizó 7.634 censos, y conformó 282 expedientes. De estos expedientes, tres están solo a la espera de un documento para hacer la entrega oficial, y la próxima administración ya contará con decenas de nuevas resoluciones para proceder con la devolución”.
