Heredia, 6 jul (elmundo.cr) – Un reciente estudio elaborado por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA-UNA) y el programa PRIDENA-UCR ha encendido las alarmas sobre el incremento sostenido de la violencia sexual contra personas menores de edad en Costa Rica, al tiempo que advierte sobre un preocupante debilitamiento en la respuesta institucional.
La investigación, titulada La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) en Costa Rica: análisis de tres cantones del Pacífico del país, revela que, durante los primeros nueve meses de 2025, el Ministerio Público registró 3.203 casos de relaciones sexuales con menores, una cifra significativamente superior a los 2.772 reportados en todo el año 2020.
El informe, solicitado por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), pone de manifiesto una desconexión en los datos. Mientras el Poder Judicial registra miles de casos, las estadísticas especializadas del PANI en cantones como Puntarenas, Garabito y Corredores muestran números drásticamente menores, lo que los investigadores atribuyen a fallas críticas en la clasificación de las denuncias.
“Sabemos que hay un vacío muy grande en cuanto a conocimiento del delito”, señaló una funcionaria del PANI consultada para el estudio. Según el documento, muchos casos de explotación sexual comercial son clasificados erróneamente bajo categorías como “negligencia de cuido” o “relaciones impropias”, y dichas etiquetas no se corrigen a pesar de que las investigaciones administrativas confirmen la naturaleza del abuso.
Debilitamiento institucional
El estudio documenta un deterioro en la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial (CONACOES), el ente encargado de la coordinación interinstitucional. La membresía de este órgano ha disminuido de 66 a entre 20 y 30 integrantes, debido a la falta de poder de convocatoria y un aparente desinterés institucional.
Rolando Barrantes Pereira, investigador de la UNA, subrayó que los hallazgos demuestran “grandes vulnerabilidades territoriales, una gran dispersión y subestimación de datos, deficiencias de gobernanza, trabajo interinstitucional y factores de riesgo como la pobreza extrema, la migración, el turismo sexual y el uso de plataformas digitales”.
El informe destaca que, en zonas como Jacó (Garabito), la explotación se asocia al turismo sexual; en Puntarenas, a la actividad portuaria y de cruceros; y en Corredores, al tránsito migratorio en la frontera sur.
Recomendaciones
Ante este panorama, los autores del estudio instan a las autoridades a:
- Crear un sistema de registro unificado de personas menores de edad, bajo los marcos de protección de datos.
- Dotar de mayores recursos humanos y financieros a la CONACOES.
- Revisar los mecanismos de clasificación de denuncias en el PANI para garantizar que los casos de explotación sexual comercial sean registrados con exactitud.
El documento también incluye testimonios desgarradores, como el de una víctima que sufrió abuso desde su infancia dentro de su hogar y que, posteriormente, fue trasladada desde Nicaragua a Costa Rica bajo engaños para ser sometida a trabajo forzoso, evidenciando la complejidad de las redes de trata y explotación que operan en el país.
