San José, 17 dic (elmundo.cr) – Un análisis de la evolución del monto mínimo exento del impuesto sobre la renta al salario en Costa Rica muestra que, en los últimos años, el Gobierno ha venido reduciendo de forma progresiva la base a partir de la cual los trabajadores asalariados comienzan a pagar este impuesto, afectando directamente su ingreso disponible.
Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, el monto mínimo exento pasó de ₡863.000 en 2022 a ₡941.000 en 2023, pero posteriormente inició una tendencia a la baja: ₡929.000 en 2024, ₡922.000 en 2025 y ₡918.000 proyectado para 2026.
“Esta reducción implica que cada vez más personas empiezan a pagar impuesto sobre la renta, aun cuando su salario no ha aumentado de forma real”, explicó Gabriel Zamora Baudrit, abogado tributario.
Esta situación resulta especialmente preocupante porque la disminución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no se ha traducido en un alivio real del costo de vida. Aunque el IPC registre cifras a la baja, los gastos esenciales de los hogares —como alimentos, alquiler, transporte, educación y servicios básicos— no necesariamente disminuyen en la misma proporción.
Sin embargo, un IPC bajo ha servido para congelar los ajustes salariales por costo de vida, mientras que, al mismo tiempo, se reducen los tramos exentos del impuesto al salario. En la práctica, el trabajador gana lo mismo, pero paga más impuestos.
“El impuesto sobre la renta al salario debería ajustarse para proteger el poder adquisitivo del trabajador. Lo que estamos observando es exactamente lo contrario: una reducción deliberada de la base exenta con un objetivo meramente recaudatorio, en perjuicio del asalariado”, detalla Zamora Baudrit, abogado tributario y candidato a la segunda vicepresidencia del Partido Liberal Progresista.
Golpe a los trabajadores
Zamora Baudrit advirtió que, pese al discurso oficial de que no se han creado nuevos impuestos, la carga tributaria efectiva sobre los trabajadores asalariados ha aumentado de forma silenciosa, afectando su capacidad de ahorro, su consumo y su bienestar. A su criterio, este mecanismo termina castigando el empleo formal y desincentivando la formalidad laboral.
“Desde una perspectiva de política pública responsable, es indispensable revisar el criterio de actualización de los tramos del impuesto al salario, de forma que realmente protejan el poder adquisitivo de los trabajadores. No es aceptable utilizar el IPC como una herramienta encubierta para aumentar la recaudación fiscal a costa de quienes dependen exclusivamente de un salario”, finaliza Zamora Baudrit.
