San José, , 6 set (elmundo.cr) –La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) contrataca al fiscal general, Jorge Chavarría, luego de que el Ministerio Público pidiera una investigación contra dos miembros del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, por anular la elevación a juicio del exministro Roberto Dobles, por el caso Crucitas.
El gremio de los jueces cerró filas contra el fiscal general, a quien acusan de atentar contra la independencia judicial. De esta manera, la Acojud da el espaldarazo a los jueces Rodrigo Obando Santamaría y Hugo Vargas Quirós.
Este lunes, ambos jueces anularon la elevación a juicio, pues consideraron que la Procuraduría General de la República debía aclarar primero si se iba a imputar o no al expresidente Arias en este proceso, lo que desató la molestia de Ministerio Público en general y del fiscal Chavarría en particular.
A criterio de la Procuraduría y de la Fiscalía, no había suficientes elementos para procesar a Arias, quien quedó fuera de la querella en la que sí se procesó a Dobles, quien fue condenado a 3 años de cárcel por haber firmado (junto al Nobel de la Paz) un decreto de conveniencia nacional en el 2008 que permitió la operación de la minera Infinito Gold, en dos cerros del pueblo Las Crucitas, en Cutris de San Carlos.
A criterio de los jueces, la Procuraduría debía aclarar la situación jurídica de Arias, y explicar si se le iba a querellar o no, por lo que, estos dos jueces decretaron que el caso se devolviera a una etapa intermedia, en la que se elevan las acusaciones.
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La decisión implica que el caso se atrase, pese a que, según la Procuraduría y el Fiscal, había quedado claro por parte de ambas entidades, el hecho de que Arias no sería procesado.
“Los jueces tienen prohibición de meterse en la investigación, para la investigación y la formulación de la investigación está el Ministerio Público y el querellante, entonces ni el Ministerio había acusado al señor Oscar Arias, ni la Procuraduría como querellante lo había acusado”, dijo Chavarría este jueves en conferencia de prensa.
Pero el enojo de los jueces se centra en el anuncio del Ministerio Público de pedir una investigación disciplinaria a la Inspección Judicial, el órgano que castiga acciones irregulares de los funcionarios del Poder Judicial.
Ante este anuncio, el gremio de jueces salió en defensa de los dos miembros del Tribunal bajo el discurso de que lo señalado por Chavarría, atenta contra la independencia judicial “como garantía básica de un sistema democrático”, señaló la Acojud en un comunicado.
“El principio de independencia judicial se encuentra resguardado por el artículo 39 de la Constitución Política como derecho fundamental de las personas sometidas a un proceso judicial, de que las resoluciones de las personas juzgadoras serán dictadas únicamente en razón de lo que establezcan las leyes, la Constitución Política y los tratados internacionales.
“Amenazar con perseguir disciplinariamente a los jueces vinculados con dichos asuntos, constituyen un medio que afrenta directamente nuestra independencia judicial, creando una presión innecesaria con motivo de resoluciones que tienen vías procesales para ser revisadas, debilitando la institucionalidad del país al poner en entredicho la labor que desarrolla el Poder Judicial dentro de un estado social de derecho”, agregó la Acojud.
