San José, 7 nov (elmundo.cr) – La Asociación de Consumidores Libres de Costa Rica introdujo este lunes un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de traerse abajo la limitación a la importación de vehículos nuevos.
Dicha limitación fue impuesta vía Decreto Ejecutivo H-0071-2016 por el Presidente Luis Guillermo Solís y su ministro de Hacienda, Helio Fallas.
Con ese decreto, a Costa Rica solamente pueden ingresar vehículos nuevos, cuyo año modelo corresponda al año siguiente del año calendario vigente. Es decir, una agencia importadora de vehículos tendrá prohibido importar vehículos nuevos modelo 2018 entre los meses de enero y agosto de 2017.
El Gobierno tomó esa medida, con el fin de que los valores fiscales de los vehículos se sostengan, al igual que los ingresos tributarios al Gobierno por el impuesto a la propiedad de vehículos.
“Lo que corresponde es realizar una modificación a la metodología de cálculo de la base imponible de los impuestos en cuestión, más no imponer una prohibición a la importación de vehículos nuevos, la que no solo resulta abiertamente lesiva a los derechos fundamentales de los consumidores – libertad de comercio, contractual y de elección- y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sino que además infringe de manera flagrante el principio de reserva legal, en tanto se limita el contenido esencial de un derecho fundamental mediante decreto ejecutivo” dijo Ricardo Fernández, Presidente de la Asociación de Consumidores Libres.
Para Fernández, el decreto además contraviene acuerdos internacionales suscritos por Costa Rica en materia ambiental y contradice lo dicho en el Plan Nacional de Energía sobre la búsqueda de estrategias para el mejoramiento de la flota vehicular que incluyan mejoras tecnológicas.
La ACL anunció además que interpondrá una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), para solicitar la devolución de los impuestos pagados por los propietarios de vehículos durante los últimos tres años, según lo dicta el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
