San José, 27 jul (elmundo.cr) – La Asamblea Legislativa avanza en la inclusión y puesta en práctica de los derechos y de la accesibilidad de las personas con discapacidad, así lo dio a conocer Yanory Salazar, de la Unidad de Discapacidad de la Asamblea Legislativa, en audiencia ante la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor.
La Comisión se reunió para analizar la metodología instaurada para realizar consultas a las organizaciones no gubernamentales que tratan temas de discapacidad y en ese sentido quiso conocer el estado actual de la infraestructura de la Asamblea Legislativa en relación con la accesibilidad para las personas con discapacidad.
Salazar explicó que la institución cuenta con área de discapacidad con funcionarios dedicados a vigilar por los derechos de las personas con que viven con esta condición y tiene cuerpo normativo interno con una política interna. En 2021 se actualizó la política de derechos humanos y la segunda política de inclusión integrada. Además, se cuenta con dos plazas profesionales y una de ujier, cuya contratación fue asesorada por el Servicio Civil. Asimismo, se hicieron dos nombramientos de persona con discapacidad gracias a que se encontró un código adicional.
También, comentó que con la legislación actual, la Asamblea Legislativa tiene una labor muy importante para elaborar un protocolo de consulta en formatos accesibles según la Ley 7600. Se diseñó una estrategia para elaborar las consultas para esta población, que suma más de 700 mil personas. No se cumple todavía con todos los formatos de consulta. Mientras tanto, la Comisión de Adulto Mayor logró conformar la lista de organizaciones.
Dentro de lo expresado por Salazar, también informó que el índice de gestión creado por el Consejo Nacional de la Personas con Discapacidad (Conapdis) dio como resultado para el 2021 la obtención de 539 puntos con base de 800, en la aplicación de lineamientos y políticas de discapacidad en la Asamblea, con lo cual se alcanzó el sexto lugar a nivel nacional de 113 instituciones.
Parte de las recomendaciones, se buscan acciones para que las personas reciban capacitación, que se suspendió durante la pandemia porque se brinda de forma presencial. En el tema de información y comunicación, se recomendó que se implementen mejoras en el sitio Web.
Además en productos y servicios de apoyo se presupuestaron guías de firma con ventanilla, no se cuenta con asistencia humana para brindar ayuda cuando ingresen a la institución pero sí hay intérprete de lesco.
Detalló que existen 24 iniciativas de ley en la corriente legislativa y se cuenta con el expediente 22.216 reforma del Reglamento Legislativo. Hay 12 proyectos que tienen relación con la reforma a la Ley 7600. Cerca de ser aprobados se encuentran varios expedientes como el acceso preferente a organizaciones de mujeres con discapacidad, entre otros.
Ante la consulta de la diputada de Progreso Social Democrático, María Marta Padilla, sobre si un ascensor es suficiente para atender necesidades de esta población, también cuántos recursos se destinan a los temas de discapacidad y si los proyectos están incluidos en el plan anual operativo. Salazar respondió que en el Plenario se cuenta con plataformas y se pueden hacer más mejoras. El edificio reúne la gran mayoría de condiciones requeridas para la accesibilidad de la comunicación como es el caso de las personas sordas, mientras que solo se cuenta con un intérprete de Lesco.
Por su parte, la diputada de Liberación Nacional, Andrea Álvarez, destacó que apoya a las personas cuidadoras y solicitó información sobre el proyecto de reforma constitucional al artículo 91, que busca reconocer la ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial.
