Asamblea de Trabajadores del Banco Popular en contra de proyecto de ley que reduce beneficios fiscales

San José, 28 jun (elmundo.cr) – El Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal manifestó su oposición a la aprobación del proyecto de Ley N° 22.369 “Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal”.

En sesión 692, realizada el 8 de junio de 2021, el Directorio Nacional aprobó solicitar a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa que se rechace y archive la iniciativa, tras concluir que su planteamiento contiene múltiples carencias y no responde a los principios de eficacia y equidad que deben prevalecer sobre todo en un contexto difícil como el actual.

Fernando Faith Bonilla, presidente del Directorio Nacional, externó su preocupación de que el proyecto repercuta de manera negativa en los sectores sociales que integran a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, los cuales han enfrentado una importante afectación económica y social debido a la pandemia.

“El proyecto no genera soluciones que permitan contrarrestar dichas secuelas, ya que el aumentar los impuestos establecidos recientemente ocasionaría una afectación aún mayor miles de personas trabajadoras, impidiendo el rescate, recuperación y fortalecimiento de la economía”, añadió Faith Bonilla.

Del análisis efectuado sobre el expediente 22.369, el Directorio Nacional considera que la situación fiscal requiere un abordaje completo, riguroso y con visión a largo plazo. En este sentido, pidieron a los legisladores y legisladoras que contemplen los siguientes aspectos fundamentales y de cuidado:

• Es necesario analizar la coherencia entre el proyecto de ley de reducción de beneficios fiscales y otras iniciativas que se encuentran en la Asamblea Legislativa, para revisar la posible contradicción que se podría producir entre las regulaciones propuestas y las ya existentes en el ordenamiento jurídico.

• La presión fiscal recae en los grupos de menores ingresos y deja de ser progresiva para los grupos de mayores ingresos. Ante esta situación, se sugiere valorar la consecución de acuerdos temporales entre los diversos sectores, para que la clase más solvente asuma las posibles cargas tributarias de acuerdo con sus capacidades.

• Las implicaciones planteadas en el proyecto de ley recaen en personas usuarias de diversos servicios como por ejemplo telecomunicaciones, transporte y toda la oferta que se mueve en el mercado de seguros y servicios bancarios, así como en los sectores de interés social como el cooperativo y solidarista.

• La consigna de un aumento del impuesto a los excedentes o utilidades pagados por las cooperativas y las asociaciones solidaristas, que mediante la Ley No. 9635 los haya provisto en un 10% para las cooperativas y de forma escalonada para las solidaristas de un 5% a un 10%, se convierte en una amenaza para la estabilidad económica de dichas organizaciones.

• La eliminación de la exoneración de impuesto al salario escolar estaría perjudicando aún más a los y las trabajadoras del sector público, lo que se convertiría en una carga insostenible que podría llevar a la precariedad de los asalariados.

Fernando Faith Bonilla recordó que la situación fiscal del país fue uno de los temas abordados en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional impulsado y desarrollado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores en noviembre y diciembre del 2020, instancia donde participaron más de 150 organizaciones sociales.

Fruto de ese proceso se plantearon propuestas como la implementación a corto plazo del mecanismo tecnológico de hacienda digital y así prevenir la simplificación de cobros que eviten la duplicidad; además, la necesidad de no crear nuevos impuestos y exigir auditorías internas que permitan revisar y determinar cómo se está gestionando la deuda pública, factor clave según todos los análisis en el aparente déficit fiscal.

Faith Bonilla instó a la Asamblea Legislativa a promover de manera urgente un diálogo serio y responsable con los sectores sociales y productivos para retomar la propuesta de hacer aportes extraordinarios y temporales para poder juntos sacar al país de la crisis.

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