San José, 28 jun (elmundo.cr) – Las empresas del sector agropecuario que forman parte de la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA), expresaron su apoyo a la publicación del Decreto Ejecutivo que reforma el Reglamento para la Calidad del Agua Potable.
A criterio de estas organizaciones, esta reforma publicada el pasado 24 de junio, representa un avance que asegura decisiones basadas en ciencia y técnica para evaluar el agua antes de que esta sea consumida, garantizando que esta se mantenga dentro de los márgenes seguros para la ingesta humana, a partir de los análisis que realicen expertos y autoridades.
“Bajo los nuevos criterios establecidos en esta reforma se evitarán prohibiciones innecesarias e injustificadas que pudieran poner en riesgo la agricultura y la alimentación”, señaló Jorge Cartín, director de la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA).
Es importante dejar claro que, la versión anterior de este Reglamento, emitido en el 2015, enfrentaba una debilidad en materia de plaguicidas al no comprender o tomar en consideración criterios científicos para tomar decisiones tan serias como cerrar fuentes de agua, dependiendo de las características específicas del plaguicida que se pudiera encontrar.
Por el contrario, la nueva versión de esta regulación incluyó un análisis específico y un procedimiento técnico, que si permite justificar este tipo de decisiones de una manera más transparente.
Respecto a este mismo tema, el Colegio de Químicos también se había pronunciado indicando que la versión anterior de este Reglamento carecía de adaptabilidad a factores locales como incidencia de plagas, tipos de suelo y condiciones climáticas. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que las normativas internacionales deben ajustarse a las capacidades y necesidades específicas de cada país.
ASA insistió en que que coinciden plenamente en que los insumos agrícolas nunca deben representar un riesgo para la población y que, por el contrario, su uso y aplicación siempre deben favorecer la salud humana, el ambiente y la economía de los agricultores, lo cual estiman, debe verse reflejado en este tipo de normativas.
