San José, 3 ago (elmundo.cr) – La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) cargará en las tarifas que los costarricenses pagan por los servicios públicos, más de 17.766 millones de colones, correspondientes al canon de regulación del 2018.
Dicho monto fue autorizado por la Contraloría General de la República, ente fiscalizador del buen uso de los recursos de la Hacienda Pública, el pasado 24 de julio mediante oficio DFOE-EC-0485.
Según el documento, del cual EL MUNDO tiene copia, el sector transporte es el que más demandará recursos del canon de regulación, ya que ascenderá a 8468 millones de colones, los cuales se cargan en la tarifa de autobús y taxi.
En segundo lugar se encuentra el sector energía, cuyo costo de regulación ascenderá a 6310 millones de colones y por último el sector agua, con 2987 millones de colones.
AUMENTO
Si se compara el costo del canon autorizado por la Contraloría para este 2017, Aresep disparó el costo del mismo en 2412 millones de colones (casi 16%), ya que en la actualidad ese rubro es de 15.354 millones de colones.
De acuerdo con el informe, el costo total de fiscalización de servicios públicos durante 2018 será de 22.487,3 millones de colones, sin embargo los restantes 4821 millones, según Aresep, se financiarán con superávit y otras fuentes de ingreso por servicios a terceros y otros no relacionados con la actividad regulatoria.
Aresep afirmó ante la Contraloría que el monto del canon de regulación se sustenta, por un lado, en la distribución por horas de acuerdo a la cantidad de funcionarios de cada una de las actividades reguladas y por otro, con base en un prorrateo de un listado de servicios que utilizan diversos parámetros para distribuir los costos.
OBJECIONES
Previo a dar su autorización, la Contraloría abrió un plazo para la presentación de observaciones a lo presentado por la Aresep. En total, dos actores presentaron argumentos en contra del monto planteado.
Por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) señaló que la Aresep aumentó sus partidas de remuneraciones, servicios especiales, suplencias, horas extras, alquileres, servicios jurídicos, servicios de ciencias económicas y sociales, entre otros.
Otro punto señalado por la empresa estatal, fue una eventual sobreestimación para atender obligaciones originadas en procesos judiciales en contra de la Aresep.
Por su parte, el Foro Nacional de Transporte Público centró sus argumentos en el superávit que el ente regulador tenía acumulado al 31 de diciembre de 2016, el monto previsto en “indemnizaciones por juicios”, la ausencia de un sistema de costeo para el cálculo del canon del sector transporte y el comportamiento de algunas partidas presupuestarias.
EL MUNDO intentó conocer qué áreas fortalecerá la Aresep con el incremento en el canon, sin embargo, al cierre de edición de esta nota no se había recibido respuesta.