San José, 1 may (elmundo.cr) – La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) repudió la elección del diputado Carlos Ricardo Benavides como presidente de la Asamblea Legislativa.
Benavides obtuvo el apoyo de 39 diputados, frente a 16 votos para el diputado del PUSC, Erwen Masis, además de un voto para José María Villalta y un voto nulo (que se le suma al liberacionista).
En horas tempranas firmaron un acuerdo multipartidario los diputados Víctor Morales, Nielsen Pérez, Silvia Hernández, Carlos Avendaño, y el propio Benavides en representación de sus fracciones.
Ante esto el sindicato comentó que “el diputado Carlos Ricardo Benavides ha impulsado políticas públicas y proyectos de ley que menoscaban los derechos de la clase trabajadora, persiguen a los sindicatos y busca prohibir protesta social y la manifestación pública”.
APSE criticó el papel clave de Benavides para la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la aplicación del IVA a la canasta básica, además lo acusan de ignorar el clamor popular y castigar al pueblo con más impuestos.
Además, aseguran que Benavides como principal impulsor de los proyectos de ley N° 21.049 y N° 21.097 (este último propuesto por la diputada Yorleny León) busca prohibir el derecho a huelga y amenaza con la disolución de las organizaciones sindicales.
“Estas iniciativas surgieron de manera revanchista, como castigo contra quienes ejercimos el derecho constitucional de huelga en el año 2018, en rechazo a la política fiscal regresiva e injusta de la administración Alvarado Quesada”, agregan.
Según APSE el nuevo presidente legislativo “ha realizado acusaciones sin fundamento contra el movimiento sindical, señalándolo como responsable de planificar acciones violentas durante la huelga contra el Combo Fiscal”.
“Queda claro que el diputado Carlos Ricardo Benavides, llega a la Presidencia de la Asamblea Legislativa para impulsar una agenda que busca el menoscabo de los derechos económicos y sociales del pueblo costarricense, al que intentará silenciar para que no pueda manifestarse contra estas políticas lesivas”, concluyen.
