San José, 28 jul (elmundo.cr) – Este jueves quedó aprobado en segundo debate, el proyecto de Ley “Reforma a los artículos 33,33 bis, 69 bis y 86 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo ley 8204”.
Dicha aprobación pretende cumplir con los estándares internacionales vinculados al tema de lucha contra el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, incluyendo las sanciones financieras que deben establecerse sobre esta materia, de acuerdo con las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
“Lo más importante es la imagen que está emitiendo Costa Rica a nivel internacional en ser un país cooperante con el sistema internacional de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo a nivel del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, aseguró el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD),Guillermo Araya.
Y es que el país fue evaluado por el GAFI en enero del 2015 donde realizaron señalamientos negativos que repercuten directamente sobre la adecuada tipificación del delito de financiamiento al terrorismo, sanciones financieras con respecto a este delito y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
“Llevar esta normativa ya aprobada va a alejar bastante la probabilidad de Costa Rica de entrar en una lista gris o ser catalogado un país no cooperante del sistema de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, esto aumenta mucho la imagen positiva del país”, añadió Araya.
Ahora, autoridades del ICD, viajarán a Buenos Aires, Argentina para defender los nuevos alcances de esta norma, la cual no se pudo presentar en el informe del pasado 15 de julio, debido a que los Diputados no votaron a tiempo el proyecto.
Dicha institución, bajo la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha venido desarrollando acciones de articulación con más de 40 instituciones del Estado, sector privado y el sistema financiero nacional en la identificación y atención de las principales vulnerabilidades y amenazas que se manifiestan como un fenómeno generado por los delitos de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo y el mandato internacional que se promueve en línea con esta temática.
