San José, 20 abr (elmundo.cr)- Este lunes los diputados aprobaron en primer debate por segunda vez y con algunas correcciones mediante un texto sustitutivo, el proyecto expediente 21909 Ley de protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad COVID-19.
Votaron a favor 50 legisladores, mientras que solo se opuso al proyecto el congresista Pedro Muñoz (PUSC).
La iniciativa crea un subsidio con los remanentes de la venta de combustibles una vez que bajó el precio internacional para la atención de personas en condición de desempleo, suspensión temporal del contrato de trabajo o reducción de jornadas laborales, en favor de las personas trabajadoras del sector privado, los trabajadores informales e independientes que hayan visto sus ingresos afectados por la emergencia de Salud.
El diésel, el gas licuado, el asfalto y el sector pesquero quedan fuera.
Luego de días de análisis se logró el acuerdo para dejar por fuera el diésel, debido a que algunos congresistas aseguran que este hidrocarburo es el que más utilizan los pescadores para llevar el sustento a sus familias, al igual que a los agricultores y al sector transporte. Esto pese a la molestia de la diputada oficialista Paola Vega ¿, quien señaló que al dejar por fuera el diésel, se dejarían de apoyar a cerca de 45 mil familias afectadas por COVID-19.
“En el análisis integral del proyecto acordamos dejar por fuera el diésel, con el fin de apoyar al sector productivo de nuestro país y especialmente a un sector agropecuario que hoy sufre pérdidas por más de 14.300 millones y aún no le llegan medidas de alivio”, expresó la diputada del PLN, Paola Valladares.
También dispensaron de todo trámite el proyecto 20861 Adición de los artículos 36 bis, 36 ter, 53 incisos g), h) y reforma del artículo 63 de la ley 7472, promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor.
El proyecto busca regular las tasas de interés que cobran las entidades bancarias en lo que respecta a préstamos, tasa que será fijada y regulada por el Banco Central.
