Cuesta de Moras, 7 feb (elmundo.cr) – Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este martes, en segundo debate, un proyecto de Ley que pretende autorizar al MOPT y CONAVI a desarrollar proyectos de infraestructura mediante fideicomisos sin que estos tengan que ser aprobados por el Congreso.
Se trata de la iniciativa 19.497 presentada por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales.
Los fideicomisos que se constituyan con esa Ley podrán obtener financiamiento mediante los mecanismos financieros que se estimen necesarios, utilizando como garantía los flujos de ingreso futuros, tales como derechos de cobro y recaudación por peajes o servicios ferroviarios, arrendamientos de espacios, áreas comerciales adyacentes y cualquier otro ingreso derivado de la operación de las obras de infraestructura que se construyan.
Si bien inicialmente se había incluido al INCOFER dentro de las instituciones que podrían hacer uso de la Ley, la misma se eliminó pues la Ley de Fortalecimiento al INCOFER aprobada el año anterior ya se lo permite.
El proyecto recibió el voto afirmativo de 42 diputados a favor y solamente el de Ligia Fallas del Frente Amplio en contra. La iniciativa requería mínimo 38 votos a favor para ser aprobada.
INSPIRADO. El proyecto de Ley aprobado hoy por los legisladores tuvo como base la Ley que autorizó la ampliación de la carretera San José-San Ramón mediante un fideicomiso con el Banco de Costa Rica.
“Con esta ley se pretenden procesos más ágiles en cuanto a la actividad contractual, la viabilidad ambiental y la relocalización de los servicios públicos, todo lo cual contribuye significativamente a facilitar la consecución del financiamiento y por ende el propósito de los fideicomisos”, afirmó el proponente, el diputado Humberto Vargas Corrales.
Entre las facilidades que trae la nueva legislación en materia de desarrollo de obra pública se encuentra el hecho de que se podrá obtener los permisos ambientales de forma más ágil, porque se establecen plazos más cortos para los trámites ambientales y se obliga a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) a colaborar con el fideicomitente y con las instituciones que deben hacer relocalización de servicios públicos.
La Ley obligará además a SETENA, MINAE y SINAC darle prioridad en el trámite a una solicitud de infraestructura mediante fideicomiso por sobre los demás trámites que tenga pendientes de resolución.
Asimismo, no se se aplicarán los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa, sino que en su lugar, las contrataciones se harán con base en los principios de la contratación administrativa.
Otra novedad es que la relocalización de los servicios públicos será más ágil, porque se establece una coordinación y un incentivo que permitirá que no sea la entidad prestataria del servicio público la que asuma el costo de la relocalización, sino el fideicomitente y con recursos del fideicomiso lo que garantiza mayor celeridad.
Por otra parte, la fijación de los precios de peajes y de los servicios ferroviarios se hará de forma ágil, porque se define la forma como se fijan esos precios, lo cual de previo será revisado por ARESEP, pero posteriormente, cuando se requiera modificarlos, el trámite será más rápido porque será el mismo fideicomitente quien se encargue de aprobarlos aplicando el procedimiento establecido en el contrato de fideicomiso.
“Esperamos con este proyecto que el país logre avances en competitividad, en producción, en empleo, y desde luego, que todo esto sea una especie de sinergia que dinamizará la economía e impactará positivamente la pobreza”, finalizó Vargas Corrales.
Los contratos de fideicomiso serán refrendados por la Contraloría General de la República.
