San José, 9 ene (elmundo.cr) – El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en horas de la mañana, en primer debate, el proyecto de Ley para resucitar el impuesto a las personas jurídicas.
La iniciativa tramitada en el expediente 19.818 pretende subsanar la inconstitucionalidad declarada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual se trajo abajo la Ley que financiaba los cuerpos de seguridad ciudadana.
El proyecto, que se aprobó en una sesión extraordinaria y bajo la modalidad de procedimiento abreviado, recibió el visto bueno de 40 diputados presentes al momento de la votación; otros 10 se manifestaron en contra, mientras que siete se ausentaron a la votación.
Votaron en contra las bancadas del Movimiento Libertario, mayoritariamente la del Partido Unidad Social Cristiana –Jorge Rodríguez lo hizo a favor–, dos legisladores del Frente Amplio y el independiente Fabricio Alvarado de Restauración Nacional.
El Presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti fijó la segunda votación para el jueves 19 de enero, sin embargo, el Movimiento Libertario adelantó que presentará una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV, lo que retrasaría por al menos un mes más la aprobación final del proyecto.
La Ley de impuesto a las personas jurídicas que los legisladores aprobarían fija tasas menores a las que estaban vigentes con la Ley anulada por la Sala IV. Una vez que entre a regir, Hacienda espera recaudar 45.000 millones de colones anuales, los cuales se le darán en un 90% al Ministerio de Seguridad Pública, 5% al Organismo de Investigación Judicial y 5% al Ministerio de Justicia y Paz.
Las tres instituciones tendrán prohibido emplear los dineros para contratar personal, pagar salarios, horas extras o viáticos dentro o fuera del país. Solamente podrán emplearlos para equipamiento e infraestructura.
Sin embargo, anteriormente los diputados aprobaron una excepción, para que el Ministerio de Seguridad pueda contratar por una única vez a 1000 policías con los recursos del impuesto, así como pagarles el salario con los recursos de esa Ley.
El proyecto estipula que si una sociedad acumula tres periodos incumpliendo el pago del impuesto, la misma será disuelta.
Además, el Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de personería jurídica, certificaciones literales de sociedad, ni inscribir ningún documento a favor de los contribuyentes del impuesto que no se encuentren al día en su pago.
Tampoco podrán contratar con el Estado o cualquier institución pública y la deuda constituirá hipoteca legal sobre los bienes inmuebles o bienes muebles de las personas jurídicas morosas.
TASAS. Además de subsanar los errores que ocasionaron la inconstitucionalidad declarada por la Sala IV, los diputados modificaron las tasas del impuesto, de modo que en lugar de que ahora se pague por el mero hecho de si la sociedad está activa o inactiva, lo hará según sus ingresos brutos.
De este modo, aquellas sociedades que estén inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, pero no lo estén inscritas ante la Dirección General de Tributación, pagarán un impuesto del 15% del salario base mensual (¢63.750 colones)
Las sociedades, cuya declaración del impuesto sobre la renta inmediata anterior a que resucite el impuesto tenga ingresos brutos menores a 120 salarios base (¢50.904.000 colones), pagarán como impuesto el 25% de un salario base (¢106.250 colones)
Asimismo, aquellas sociedades cuya declaración del impuesto sobre la renta inmediata anterior a que el impuesto cobre vida, tenga ingresos brutos entre 120 salarios base (¢50.904.000 colones) y 280 salarios base (¢119.000.000 colones), deberá pagar un 30% del salario base como impuesto (¢127.500 colones).
Finalmente, aquellas sociedades, cuya declaración del impuesto sobre la renta inmediata anterior a que el impuesto entre en vigencia tenga ingresos brutos superiores a los 280 salarios base (+ ¢119.000.000 colones), pagarán un impuesto del 50% del salario base (¢212.500 colones).
EXONERACIONES. Aquellas micro y pequeñas empresas, inscritas como tales en el registro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), los pequeños y medianos productores agropecuarios inscritos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y que estén registradas como contribuyentes ante la Dirección General de Tributación, quedarán exonerados del pago del impuesto.
REACCIÓN. El diputado Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional y quien votó en contra del proyecto afirmó que lo hizo de esa manera, porque su partido cree que ponerle un impuesto a las sociedades jurídicas es un grave error, no sólo por el problema que le significa a quienes tienen una, sino porque el gobierno todavía no puede garantizar que esos recursos serán aplicados responsablemente a la lucha contra la inseguridad que vive el país.
“Creemos que aprobar este proyecto, sin que el Gobierno tenga una recaudación de impuestos real es algo irresponsable, pues es cargar aún más las finanzas del pueblo. Lamentablemente, la mayoría de los compañeros diputados de la mayoría de los partidos políticos decidió decirle sí a más impuestos”, dijo Alvarado.
Mediante su encargada de prensa, el Movimiento Libertario anunció que presentará la consulta en la Sala Constitucional sobre el proyecto, último filtro que deberá atravesar la iniciativa antes de entrar a regir como Ley de la República.
Los libertarios alegarán ante los Magistrados que el Plenario violentó el derecho de enmienda de los diputados, al aprobar un procedimiento extraordinario a un proyecto de impuestos como lo es este, de modo que se acortaron los tiempos de discusión y de presentación de mociones.
En el PUSC, Gerardo Vargas Rojas, jefe de los social cristianos afirmó que su partido votó negativamente el proyecto pues el aporte de este impuesto será cubierto en un 54% por las sociedades inactivas, lo cual lo hace injusto y nada progresivo.
“Al cobrarle más del 50% del aporte a las sociedades inactivas, se ignora que el 80% de la morosidad del impuesto que estuvo vigente del 2012 al 2015 fue casualmente de las sociedades inactivas, o sea es un impuesto mal diseñado y condenado al fracaso por morosidad”, dijo el legislador mediante su encargada de prensa.
Asimismo, los socialcristianos cuestionaron que los recursos se destinen en un 90% al Ministerio de Seguridad (unos 40 mil millones), pese a que esa institución el año pasado subejecutó más de 23 mil millones.
En el otro bando, la Jefa de Fracción del Partido Liberación Nacional, Maureen Clarke Clarke afirmó que este es un gran logro para el país, pues los grupos que más tienen, financiarán gran parte de los programas de seguridad ciudadana.
“Tratamos de que la carga impositiva no fuera desproporcionada para no afectar la actividad económica, pero que fuese significativa para poder financiar los programas que alivien la inseguridad que los costarricenses vivimos todos los días, y que hoy colocan como el principal problema que tiene el país, luego del enorme esfuerzo de la Administración anterior para controlarlo”, resaltó la legisladora liberacionista.
Desde Casa Presidencial el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro afirmó que la aprobación del proyecto de ley que restablece el cobro del impuesto a las personas jurídicas es vital para garantizar la seguridad ciudadana.
“Agradecemos a los diputados el compromiso con el bienestar del país reflejado en su voto afirmativo. Ahora lo indispensable es darle segundo debate a la brevedad, ya que la ley exige un periodo de tres meses después de su publicación para entrar en vigencia, por lo que mientras más rápido se apruebe, más rápido podemos gestionar los recursos para la seguridad pública”, afirmó.
Además, el Ministro de Seguridad, Luis Gustavo Mata Vega también se manifestó complacido con la aprobación del proyecto en primer debate por parte del Congreso.
“Este dinero lo podremos invertir en radares, lanchas para combatir el narcotráfico que opera en la zona Caribe, contratación de policías, mejoramiento de las delegaciones y la adquisición de la tecnología que este Ministerio requiere, como lo es un gran centro de comunicación y recopilación de la información que se genera en todo el país”, expresó el Ministro.
