San José, 16 may (elmundo.cr) – El abogado constitucionalista, Rubén Hernández Valle, sobre la ley contra el crimen organizado, señaló que los diputados lo que están tratando de hacer es revivir de forma retroactiva una ley derogada y “eso no es posible jurídicamente”.
En declaraciones para El Mundo Radio (91.1 FM), Hernández explicó que “el artículo 34 de la Constitución (Política) permite darle efecto retroactivo a las leyes, pero establece una condición, que sean en beneficio de la persona no en perjuicio, en este caso evidentemente el revivir esa norma derogada con efecto retroactivo sería en prejuicio de personas no en beneficio”.
“Aquí hubo un error garrafal de la Asamblea Legislativa en 2019, que dejó un lapso entre una ley y otra, dejó 16 días, en realidad ahí hubo negligencia de la Asamblea, la Asamblea debió haber promulgado esa segunda ley antes de que entrara en vigor la derogatoria de la ley original que ocurrió el 14 de octubre y la nueva que venía a prorrogar su vigencia recién entró en vigor el 30 de octubre cuando la otra ley estaba derogada”, sostuvo.
Para Hernández los diputados del periodo anterior “no se dieron cuenta, inmediatamente después del 30 debieron haber pasado una nueva ley y que incluyera esos artículos y el desfase hubiera sido un mes o algo así por el estilo, pero al dejarlo resulta que llevamos 4 años”.
“Fue un gazapo jurídico que no lo enmendaron a tiempo y ahora tratan de enmendarlo creando una norma evidentemente inconstitucional, yo creo que lo que va a ocurrir es que este proyecto no va a ir a consulta, porque no creo que tenga los 10 votos para ir a consulta se va a aprobar evidentemente, (…) entonces va a ir inconsulta y ahí lo que va a ocurrir es que cuando la traten de aplicar en algún caso concreto el perjudicado va a plantear una acción de inconstitucionalidad y si la Sala por complacencia trata de ayudar y decir que no es inconstitucional eso va a terminar en la Comisión Interamericana y ahí sí que la van a anular, ya de alguna forma la Comisión Interamericana lo advirtió”.
Con la aprobación de esta ley, Hernández indicó que lo que puede ocurrir es que “la Comisión (Interamericana) y eventualmente la Corte (Interamericana) nos condenen al pago de los daños y prejuicios y quede en ridículo el país, en el sentido de que le dio el efecto retroactivo a una ley derogada”.
El constitucionalista comentó que para la Fiscalía “es muy feo tener que sin esa norma van a tener que dejar libre gran cantidad de personas, y no solo dejarlas libres, sino que habrá juicios que se van a caer, algunos posiblemente de los más mediáticos”.
Según Hernández los diputados “simplemente están aceptando la tesis jurídicamente errónea de la Fiscalía, que la Fiscalía tiene que hacerlo y yo en eso los entiendo porque si no apoyan esta ley la mayoría de los casos mediáticos se les caen inmediatamente, posiblemente lo que va a ocurrir es que se caigan en la Comisión (Interamericana), ya una vez que han sido condenados y entonces ahí tienen una justificación diciendo que fue la Comisión (Interamericana), no los tribunales locales”.
“El Poder Judicial tiene una gran influencia y se supone que si el fiscal general dice una cosa es porque es correcto”, asegura el abogado, por lo que por una razón de autoridad validan sus posiciones y además para que esos casos lleguen hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos pasarían muchos años, al final justifican su actuación por un “tema de interpretación”.
