San José, 20 feb (elmundo.cr) – La resolución que rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Adjunta Ambiental y la Fiscalía Anticorrupción en contra de cinco personas de apellidos Pacheco, Campbell, Cruz, Salas y Camacho, fue anulada parcialmente, luego de que el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública declarara con lugar la apelación presentada por el Ministerio Público (MP).
Se trata del caso 24-00003-0611-PE, en el cual, ambas fiscalías dirigieron una serie de allanamientos en julio del 2024 y ordenaron la detención de los imputados, a quienes investiga por presuntos delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.
Tras las detenciones, los despachos del MP solicitaron medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, sin embargo, ese último órgano rechazó la petición, en otros motivos, señaló ausencia de grado de probabilidad de los hechos atribuidos a los sospechosos.
Haciendo uso de sus potestades procesales, el MP impugnó la resolución, alegando motivos de falta de fundamentación, fundamentación contradictoria y fundamentación errónea, en relación con aspectos de la lesión al bien jurídico tutelado (es decir, al ambiente y deber de probidad, entre otros), al grado probable de la comisión de los delitos por parte de los imputados, al de la ubicación de la propiedad y en cuanto a la prueba otorgada por los peritajes.
Todas las partes del proceso fueron convocadas por el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública a una audiencia oral de apelación, que se desarrolló el 6, 11 y 14 de febrero. La resolución emitida por esa instancia fue notificada hoy, y señala que el fallo que rechazó la imposición de medidas cautelares resulta ausente de motivación en el grado de probabilidad, además, que la resolución es inmotivada y violatoria de las reglas de la sana crítica racional (valoración de la prueba), respecto a la atribución del dolo.
Hechos y medidas cautelares
Los hechos que investigan la Fiscalía Adjunta Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, tuvieron origen en una finca propiedad de Playa Manzanillo S.A., en el cantón de Talamanca.
Al parecer, hubo una serie de irregularidades para la emisión de permisos de aprovechamiento forestal. Se sospecha que, de esa manera, se buscaba cambiar el uso de suelo en las áreas de bosque y humedales, con el presunto fin de desarrollar una infraestructura urbanística.
Las medidas cautelares que ambos despachos solicitaron al Juzgado Penal, en julio del 2024, en contra de los imputados fueron:
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Pachecho Dent
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Camacho Calvo
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Campbell Lindo, Cruz Torres, Salas Rodríguez
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Firmar una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental con sede en Pococí e impedimento de salida del país.
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Inhabilitación como regente forestal, prohibición de emitir certificaciones para la determinación de cobertura forestal.
Firmar una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental e impedimento de salida del país.
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Suspensión en el ejercicio del cargo, impedimento para ingresar a las oficinas de SINAC-ACLAC, no mantener contacto perturbatorio con dos testigos.
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Además, las fiscalías solicitaron nueve medidas cautelares atípicas, entre las que destacan la anotación de fincas ante el Registro Público, la suspensión y archivo de todos los permisos de aprovechamiento forestales pendientes de autorización, así como del transporte de madera proveniente de dichas fincas.
También se había requerido el impedimento del tránsito de vehículos y personas a través de las fincas, ya sea en las trochas realizadas o en cualquier sector donde se haya talado árboles o corresponda a humedal; abstenerse de sembrar pastos, plantas ornamentales, vegetación decorativa, árboles frutales, palmeras o cualquier vegetación ajena a la composición del bosque, y abstenerse de realizar la siembra de árboles bajo un patrón de plantación forestal que provoque el cambio del uso del suelo del bosque.
Ahora, el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública deberá hacer una nueva audiencia, en la que el MP reiterará la solicitud de medidas cautelares.
