San José, 07 mar (elmundo.cr) – Actualmente, el Código de Trabajo no establece distinciones entre distintos tipos de trabajo en cuanto a su nivel de riesgo. Esto significa que actividades como el teletrabajo, la labor en una oficina, el manejo de sustancias químicas o el trabajo en una piñera son reguladas de manera homogénea, sin considerar sus particularidades.
Para solventar esta omisión, el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, ha presentado una iniciativa que busca “actualizar el marco legal y garantizar mejores condiciones laborales” para quienes desempeñan labores de naturaleza peligrosa.
El proyecto de ley propone varias modificaciones significativas en el Código de Trabajo. Una de las principales es “la prohibición de jornadas extraordinarias” para quienes realicen trabajos peligrosos.
Además, contempla “una licencia remunerada” para mujeres en estado de gestación que laboren en condiciones de alto riesgo, como fábricas con altos niveles de ruido o actividades en el sector agrícola bajo condiciones extremas.
Otra medida clave es la posibilidad de anticipar la pensión a través del régimen voluntario de pensiones complementarias para quienes se expongan de manera constante a sustancias tóxicas u objetos peligrosos. Asimismo, el proyecto establece “un límite de jornada laboral de seis horas diarias y 36 horas semanales” para estos trabajadores, sin reducción salarial, garantizando un pago equivalente al de una jornada ordinaria de ocho horas.
En términos de beneficios adicionales, se plantea que quienes operen maquinaria pesada, como grúas, montacargas o tractores, puedan acceder a “30 días naturales de vacaciones remuneradas”, en reconocimiento al desgaste físico y mental que conlleva este tipo de labores.
El proyecto también busca unificar las categorías de labores insalubres, peligrosas y pesadas en una sola clasificación, siguiendo “el ejemplo de países como Chile y España”. Para su implementación, el Consejo de Salud Ocupacional será el ente encargado de establecer los criterios que definirán qué trabajos entran dentro de esta categoría, en coordinación con otros organismos pertinentes.
Esta iniciativa surge de la necesidad de modernizar el Código de Trabajo, adaptándolo a las realidades actuales y garantizando condiciones laborales dignas para las personas trabajadoras.
Más allá de beneficiar a quienes desempeñan labores de alto riesgo, la regulación también impactará positivamente en la productividad y desarrollo de las empresas, promoviendo una sociedad más equitativa y justa para todos, aseguran.
