San José, 23 nov (elmundo.cr) – El diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, expresó su preocupación tras una primera revisión del decreto ejecutivo que reforma la Unidad Especial de Intervención (UEI).
Según Ortega, este decreto plantea graves problemas legales y constitucionales, y abre la puerta a la creación de una “policía política” en el país.
Cuestionamientos al decreto
Ortega señaló que el decreto permite acciones que exceden las competencias legales y constitucionales de la policía:
- “Se habilita a la policía a planificar, supervisar y participar en allanamientos. El problema es que esto sólo lo puede hacer un juez, no el presidente. Si así fuera, sería inconstitucional”.
- “Se dispone de nombramientos a dedo, de policías y de la Dirección General”.
Además, mencionó similitudes con prácticas de recolección de información que generaron controversia en el caso de la UPAD:
- “Crean unidades para recolectar información de datos, lo que se reclamó en la UPAD”.
- “Nos preocupa que se quieran hacer intervenciones en las comunicaciones privadas de las personas”.
El diputado también criticó la creación de divisiones especializadas dentro de la UEI, como armería, explosivos, buzos y francotiradores, lo que considera que excede las competencias originalmente establecidas en la ley.
Acciones a tomar
El Frente Amplio evalúa distintas vías para frenar el decreto:
- “Vamos a valorar presentar una acción de inconstitucionalidad contra el decreto y pedir la suspensión del mismo”.
- “También valoramos investigarlo desde la Asamblea Legislativa”.
- “Solicitaremos el informe técnico que pidió la ministra Laura Fernández para motivar este decreto”.
Además, verificarán si el decreto cumplió con los procedimientos ordinarios para su emisión.
Ortega advirtió sobre los peligros de este tipo de medidas:
- “No vamos a permitir que este presidente ni nadie quiera hacer una policía política”.
- “Eso es el preludio de la persecución y de los autoritarismos en el mundo entero”.
El Frente Amplio insiste en que cualquier reforma a la UEI debe respetar los principios constitucionales y los derechos fundamentales de los costarricenses.
