San José, 09 sep (elmundo.cr)-Las seccionales policiales de ANEP advierten que la medida anunciada por el Gobierno debe contar con estudios técnicos, jurídicos, presupuestarios y operativos, y cuestionan el impacto que tendría sobre los funcionarios y sus familias.
Las seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía de Tránsito, Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea y Policía Penitenciaria manifestaron su preocupación ante el anuncio del Gobierno de establecer una rotación de funcionarios policiales entre diferentes provincias cada tres meses.
La propuesta busca evitar, según ha señalado la Presidencia de la República, el arraigo territorial de los oficiales y prevenir eventuales vínculos con estructuras del narcotráfico o actos de corrupción.
ANEP aseguró que comparte la necesidad de combatir el crimen organizado y la corrupción, pero cuestionó que una rotación generalizada sea suficiente para alcanzar ese objetivo.
“La corrupción no se combate simplemente trasladando policías”, señaló la organización sindical.
Para ANEP, una medida de esta magnitud debe estar sustentada en estudios que permitan determinar su viabilidad y efectividad.
“Una medida de esta magnitud debe estar respaldada por estudios técnicos, jurídicos, presupuestarios y operativos que demuestren su viabilidad y efectividad”, indicó.
El sindicato sostuvo que trasladar funcionarios entre provincias no garantiza por sí mismo que desaparezcan eventuales prácticas de corrupción y planteó la necesidad de fortalecer otros mecanismos de control.
Según ANEP, se requiere reforzar la investigación, la inteligencia policial, los controles internos, la supervisión, los mecanismos disciplinarios, la evaluación de riesgos y el seguimiento institucional.
La organización también cuestionó que los policías puedan quedar bajo una sospecha generalizada por permanecer durante determinado tiempo en una comunidad.
“Tampoco consideramos correcto partir de una premisa que pueda colocar bajo sospecha generalizada a los policías por permanecer durante determinado tiempo en una región”, manifestó.
ANEP defendió además el conocimiento territorial adquirido por los oficiales durante su permanencia en las comunidades.
“La gran mayoría son trabajadores honestos que diariamente enfrentan situaciones de riesgo y que, además, han desarrollado conocimiento sobre las comunidades, rutas, dinámicas criminales y características geográficas de las zonas donde trabajan”, señaló.
ANEP cuestiona una rotación igual para todos los cuerpos policiales
El sindicato advirtió que una política generalizada debe considerar las diferencias entre los cuerpos policiales, debido a que cada uno desarrolla funciones específicas.
La organización mencionó a la Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía de Tránsito, Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea y Policía Penitenciaria, cuyos funcionarios trabajan en áreas como comunidades, carreteras, fronteras, aeropuertos y centros penitenciarios.
Además, ANEP señaló que existen cuerpos policiales que enfrentan limitaciones de personal, presupuesto, infraestructura, transporte y equipamiento.
Ante este escenario, la organización planteó una pregunta sobre las condiciones necesarias para ejecutar la medida.
“¿Cómo se pretende trasladar periódicamente policías entre provincias si previamente no están garantizadas las condiciones de alojamiento, transporte, alimentación, infraestructura, presupuesto y recurso humano necesarias?”, cuestionó.
ANEP advirtió que trasladar funcionarios sin aumentar las plazas disponibles podría provocar efectos negativos en las unidades de origen.
“No podemos ‘desvestir un santo para vestir otro’”, afirmó el sindicato.
“Detrás de cada uniforme existe una familia”
ANEP también llamó la atención sobre las consecuencias que una rotación cada tres meses podría generar para los policías y sus familias.
La organización mencionó posibles dificultades relacionadas con separación familiar, gastos de transporte y alimentación, alojamiento y atención de hijos, adultos mayores o personas dependientes.
“Los policías no son piezas que pueden trasladarse de un lugar a otro sin consecuencias. Son trabajadores y trabajadoras con derechos y responsabilidades familiares”, sostuvo ANEP.
El sindicato señaló que las necesidades de seguridad deben ser compatibles con condiciones laborales dignas para los funcionarios encargados de proteger a la población.
ANEP pide estudios y diálogo con el Gobierno
Las seccionales policiales solicitaron al Gobierno hacer públicos los estudios técnicos y jurídicos que sustentan la propuesta, así como el impacto presupuestario, los criterios para determinar los traslados y las condiciones que se garantizarían a los funcionarios.
También pidieron conocer cómo se aplicaría la medida en los cuerpos policiales especializados y cuáles mecanismos evitarían que determinadas regiones o unidades queden debilitadas.
ANEP solicitó además que las organizaciones sindicales y representantes de los distintos cuerpos policiales sean escuchados antes de implementar una política que podría afectar las condiciones laborales y familiares de cientos de funcionarios.
La organización reiteró su respaldo al combate contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, pero insistió en que las políticas de seguridad deben basarse en planificación, evidencia y recursos suficientes.
“La seguridad nacional no se fortalece trasladando problemas de una provincia a otra”, afirmó ANEP.
Finalmente, el sindicato sostuvo que el fortalecimiento de la seguridad requiere más recurso humano, capacitación, inteligencia e investigación policial, controles efectivos, infraestructura, equipamiento y condiciones laborales dignas.
Por ello, ANEP hizo un llamado al Gobierno para abrir un proceso de diálogo antes de implementar una rotación generalizada y presentar los estudios que demuestren la viabilidad y efectividad de la propuesta.
