San José, 31 jul (elmundo.cr)- La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) exigió la renuncia inmediata de la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, tras considerar que la jerarca priorizó la defensa del presidente de la República, Rodrigo Chaves, sobre la protección de los derechos de la niñez costarricense.
La crítica de ANEP surge a raíz de las declaraciones de Garza durante una conferencia de prensa reciente, donde intentó justificar una frase pronunciada por el mandatario durante un acto público:
“Regálemela y se la devuelvo cuando se gradúe de la universidad.”
La expresión —dirigida a una menor de edad— generó amplio rechazo en redes sociales y sectores sociales, por considerarse cosificadora y vulneradora de la dignidad de la niñez.
Pese al malestar generado, la presidenta del PANI aseguró que:
“A veces, para empatizar o incluso conectar, los costarricenses utilizamos expresiones coloquiales o populares que son absolutamente bien intencionadas, pero que, sin embargo, podrían ser sacadas de contexto”.
Para ANEP, esta postura constituye una “minimización inaceptable” del daño que tales expresiones pueden causar, y representa una grave omisión de deber institucional.
“La dignidad de los niños, niñas y adolescentes no es negociable ni puede depender del contexto o de interpretaciones subjetivas”, señala la organización gremial en un comunicado.
¿Quién protege a la niñez?
La ANEP sostiene que Garza Sánchez ha traicionado la misión del PANI al actuar más como defensora política que como garante de derechos.
“La máxima autoridad encargada de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes debe emitir un mensaje claro, contundente y sin ambigüedades que condene cualquier expresión que les deshumanice, sin ofrecer excusas ni buscar pretextos”, advierte el pronunciamiento.
La organización recuerda que desde el pasado 25 de julio solicitó un pronunciamiento institucional sobre los hechos, el cual nunca llegó. La falta de respuesta, sumada a las declaraciones públicas que relativizan el agravio, profundiza la crisis de credibilidad del PANI, denuncian.
Impacto institucional
El comunicado de ANEP no solo exige la renuncia de la jerarca, sino que cuestiona el daño que su gestión ha infligido a la entidad, a los funcionarios públicos y a la confianza social en el PANI.
“Su permanencia al frente de la institución genera una creciente preocupación. El impacto de su gestión ha debilitado el trabajo de los funcionarios, ha afectado la credibilidad del PANI y, sobre todo, ha dejado en entredicho la protección que merecen los niños, niñas y adolescentes del país”, afirma ANEP.
Una postura crítica ante el poder
El caso vuelve a abrir el debate sobre la independencia de las instituciones de protección de derechos frente al Poder Ejecutivo, y plantea preguntas fundamentales: ¿Puede el PANI cumplir su misión si su jerarca prioriza la defensa del presidente antes que la de la niñez costarricense? ¿Qué consecuencias simbólicas tiene que se justifiquen expresiones de cosificación infantil en discursos oficiales?
Para ANEP, la respuesta es clara: “Los derechos de las personas menores de edad no pueden estar subordinados a intereses políticos o personales”.
En momentos donde la protección de la niñez enfrenta desafíos crecientes, la organización llama a recuperar la ética institucional y a colocar los intereses de los menores de edad por encima de toda lealtad política.
