San José, 14 sep (elmundo.cr) – La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha denunciado públicamente una directriz emitida por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) el pasado 21 de agosto de 2025, a través del oficio AT-0253-08-2025. Según la ANEP, esta instrucción prohíbe la prescripción de medicamentos a usuarios que no cuenten con un seguro vigente, afectando directamente a la población más vulnerable.
El oficio, firmado por Wendy Castro Castro, Coordinadora del Área Técnica del IAFA, fue enviado a los doctores Oswaldo Aguirre Retana, Douglas Mata Pernudi y Delma Vaglio Zonta. En el texto, se establece que a los pacientes “se les dará la atención correspondiente, pero no se les podrá prescribir tratamiento farmacológico, esto debido a lo establecido en la Normativa de la Caja Costarricense del Seguro Social y los Lineamientos vigentes”.
Un golpe a la atención integral y un dilema ético
La ANEP califica esta decisión como un “golpe directo” a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, quienes tradicionalmente han encontrado en el IAFA un espacio de atención integral y defensa de sus derechos, sin importar su condición de aseguramiento.
La organización sindical advierte que negar medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas vinculadas a la dependencia de sustancias interrumpe tratamientos esenciales, lo que puede aumentar el riesgo de recaídas y causar consecuencias irreversibles. Además, esta medida socava la confianza en una institución reconocida por su enfoque de derechos y atención centrada en la persona.
Según la ANEP, la directriz también genera un dilema ético y técnico para los profesionales de la salud, quienes se ven obligados a prescribir tratamientos cuya continuidad no pueden garantizar.
Exigencias y llamado a las autoridades
La ANEP considera que este tipo de decisiones administrativas, implementadas de manera “imprevista y sin transparencia”, reflejan una práctica recurrente en algunas instituciones públicas donde los procedimientos burocráticos prevalecen sobre los derechos fundamentales.
Ante esta situación, la asociación exige a las autoridades del IAFA, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud lo siguiente:
- La reversión inmediata de la directriz y la restitución del acceso a medicamentos sin distinción de aseguramiento.
- La implementación de un plan de contingencia urgente para garantizar la continuidad de los tratamientos crónicos.
- Transparencia y rendición de cuentas sobre los responsables de este cambio abrupto y las posibles consecuencias que su aplicación pueda generar.
Finalmente, la ANEP subraya que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental y reafirma su compromiso de defender el acceso universal y digno a la salud, asegurando que las personas más vulnerables no paguen el costo de decisiones administrativas arbitrarias.
