San José, 29 oct (elmundo.cr) – El empresario Alberto Pozuelo cuestionó la decisión de la presidenta Laura Fernández de archivar el proceso de adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico y afirmó que proteger a determinados sectores productivos puede perjudicar a los consumidores y a la competitividad del país.
“Señora presidenta Laura Fernández: usted se equivoca”, escribió Pozuelo en una publicación difundida este jueves en sus redes sociales, en la que defendió el libre comercio como una herramienta para ampliar las oportunidades económicas y mejorar el bienestar de las personas.
Según el empresario, el comercio internacional no debe entenderse únicamente como un instrumento para proteger a los productores nacionales o incrementar las exportaciones, sino como un mecanismo que permite ampliar las posibilidades de consumo, producción y bienestar.
Pozuelo reconoció que los tratados de libre comercio son instrumentos imperfectos, pero sostuvo que históricamente han contribuido a avanzar hacia esos objetivos.
“Rechazarlos para proteger intereses particulares significa sacrificar oportunidades generales en beneficio de unos pocos”, afirmó.
Advierte sobre efectos para consumidores y empresas
El cuestionamiento se produce después de que Fernández anunciara el miércoles 28 de octubre que Costa Rica no continuará con el proceso de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).
La mandataria justificó la decisión al señalar que el contenido íntegro del acuerdo no había sido compartido con todos los sectores involucrados, pese a sus instrucciones, y expresó preocupación por las posibles consecuencias para pequeños y medianos productores agropecuarios. También anunció la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.
Pozuelo consideró que la transparencia en las negociaciones es una exigencia legítima, pero advirtió que ese argumento no debería utilizarse para evitar la competencia internacional.
A su criterio, abandonar el proceso no solo reduce las oportunidades potenciales para los exportadores costarricenses, sino que también limita el acceso de los consumidores a una mayor variedad de productos y a precios más bajos.
Además, señaló que las empresas podrían perder oportunidades para diversificar sus proveedores y que el país podría dejar de resultar atractivo para inversionistas interesados en utilizar a Costa Rica como plataforma productiva.
El empresario aclaró que esos beneficios no están garantizados, pero consideró que merecían una evaluación seria antes de descartar el acuerdo.
Cuestiona la protección de sectores productivos
En su publicación, Pozuelo sostuvo que proteger a un grupo de productores de la competencia extranjera puede generar costos para millones de consumidores y miles de empresas que utilizan productos importados como insumos para sus actividades.
Según argumentó, los aranceles y las restricciones comerciales pueden encarecer los bienes de consumo, elevar los costos de producción, reducir la competitividad y limitar la innovación.
También destacó la relación entre los acuerdos comerciales y la inversión extranjera directa, al señalar que esta no aporta únicamente capital financiero, sino también tecnología, conocimiento y capacidades organizacionales.
Para Pozuelo, la discusión sobre el Acuerdo Transpacífico debe considerar los posibles efectos de la decisión sobre el conjunto de la economía y no solamente sobre los sectores productivos que han manifestado preocupación por sus consecuencias.
“El propósito de una economía no es proteger a quienes producen, sino permitir que las personas satisfagan sus necesidades de la mejor manera posible”, manifestó.
El empresario concluyó que proteger a determinados productores frente a la competencia extranjera puede resultar políticamente conveniente, pero no necesariamente beneficia al resto de la población.
“El libre comercio no es un privilegio que los gobiernos conceden a los productores. Es una libertad que les corresponde a todos los individuos, especialmente a los consumidores”, agregó.
Un cambio en la estrategia comercial
El CPTPP está integrado por 12 economías: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. En conjunto, representa alrededor del 15% del producto interno bruto mundial, según estimaciones citadas en la cobertura internacional del acuerdo.
Costa Rica inició su proceso de adhesión en 2022 y recibió una invitación formal para incorporarse al bloque en noviembre de 2024. Las negociaciones concluyeron en mayo de 2026, pero el país todavía debía completar los pasos necesarios para formalizar su incorporación.
La decisión de Fernández detiene ese proceso y marca un cambio en la estrategia comercial que había impulsado la administración anterior.
El debate enfrenta dos preocupaciones económicas: por un lado, los riesgos que algunos sectores agropecuarios atribuyen a una mayor competencia internacional y, por otro, las oportunidades de acceso a mercados, inversión y diversificación comercial que sus defensores consideran que el acuerdo podría ofrecer.
La discusión sobre las consecuencias de la decisión presidencial continuará en medio de las interrogantes sobre el rumbo que seguirá Costa Rica en materia de apertura comercial.
