San José, 8 oct (elmundo.cr) – El analista político y abogado Mario Quirós publicó este martes un extenso análisis jurídico en su cuenta de X (antes Twitter) en el que cuestiona la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, tras varias denuncias por presunta beligerancia política.
Bajo el título “Constitución, legalidad y beligerancia”, Quirós afirmó que la defensa del Estado de Derecho debe ser coherente y no aplicarse “de forma selectiva ni por conveniencia coyuntural”. En su mensaje, señaló que “la institucionalidad no se protege solo cuando favorece a quienes simpatizamos, ni se relativiza cuando afecta a quienes criticamos. Su vigencia debe ser exigida siempre, incluso y sobre todo, cuando nos incomoda”.
El analista argumentó que, conforme al artículo 102 inciso 5 de la Constitución Política, el TSE tiene competencia para investigar y pronunciarse sobre casos de parcialidad política de funcionarios públicos, pero no para imponer sanciones cuando las denuncias recaen sobre el presidente de la República, los ministros de Gobierno o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En esos casos, dijo, el Tribunal “solo puede dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación”.
Quirós sostiene que la solicitud de levantar la inmunidad presidencial carece de sustento constitucional, pues el procedimiento de desafuero únicamente está previsto para causas penales, no para infracciones de tipo electoral como la beligerancia política. A su criterio, el artículo 270 del Código Electoral, invocado por el TSE, introduce un conflicto jerárquico con la Constitución al atribuir facultades que esta no contempla.
“El levantamiento de inmunidad por beligerancia política no existe en la Constitución. No hay norma que autorice al TSE a sancionar al Presidente, ni puede construirse por interpretación. Hacerlo sería una extralimitación de funciones y una violación del principio de legalidad”, señaló Quirós.
El analista también destacó que el marco jurídico costarricense en materia de beligerancia política es “débil, fragmentado e incompleto”, y que su aplicación a altos jerarcas del Estado carece de un procedimiento claro y coherente. Por ello, afirmó que cualquier intento de aplicar sanciones sin una base normativa expresa sería “improcedente, ilegítimo y potencialmente lesivo para la institucionalidad democrática”.
Finalmente, Quirós advirtió que la decisión del TSE podría generar un nuevo conflicto institucional “de alto impacto”, al involucrar una diferencia de criterios entre órganos del Estado respecto a los límites de sus competencias.
“En una democracia sólida, los principios jurídicos y los límites constitucionales se respetan con la misma firmeza en todos los casos”, concluyó.
