San José, 13 ene (elmundo.cr) – La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), pidió que se convoque el expediente de ley 20.961, Ley Contra la Adulteración y Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico, luego de que la Sala Constitucional declarara inadmisible la consulta que hicieron los diputados al proyecto.
Jonathan Espinoza, director ejecutivo de ANAI, indicó que “la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, por medio de un acuerdo de su asamblea general tomado en noviembre del 2020, solicita al señor presidente de la República, Carlos Alvarado, y a la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, la convocatoria de dicho proyecto de ley para darle su segundo debate”.
ANAI recalcó que es necesario y urgente ampliar la fiscalización en materia de contrabando y adulteración, producto de la alerta sanitaria por la venta de productos adulterados con metanol, la cual contabiliza siete casos sospechosos de intoxicación en lo que llevamos del 2021, seis hombres y una mujer. De las siete personas, seis fallecieron, solo un hombre sobrevivió.
Mientras que el año 2020 cerró con 92 casos sospechosos de intoxicación por metanol, 48 de los cuales fallecieron.
Espinoza explicó que la ley actual 9047, que regula la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en temas como patentes, determina que las competencias en esta materia recaen sobre los municipios. Sin embargo, la detección en casos de adulteración, imitación o contrabando son competencia de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda.
“El proyecto de ley viene a generar una serie de herramientas para los diferentes cuerpos policiales, incluidas las policías municipales. La idea es que las municipalidades puedan sumarse a esa fiscalización ya que sabemos que Policía de Control Fiscal, por su centralidad, tiene recursos limitados; mientras que los municipios contamos con más de mil efectivos en 30 cantones y más de 600 inspectores y sabemos dónde están las patentes, ya que las municipalidades son las que la otorgan y deben fiscalizar su funcionamiento y venta de bebidas alcohólicas”, agregó Espinoza.
ANAI inició con la formulación de dicho proyecto de ley a inicios del 2019 cuando se detectaron los primeros indicios de intoxicaciones por la sustancia metanol.
La iniciativa reúne tres aristas muy importantes:
- En primer lugar la salud, como un derecho fundamental y primario, donde el proyecto se muestra como una manera efectiva de atacar el tema de las intoxicaciones.
- En segundo lugar, el control efectivo del comercio, de manera que se pueda aplicar un régimen de sanciones adecuado y más eficaz.
- Finalmente, el mejoramiento de la recaudación fiscal.
En este último aspecto, el impuesto a las bebidas alcohólicas recaudó entre en el 2019 y 2020 un monto que ronda los 43 mil millones de colones, cuando las sumas deberían acercarse a los 115 mil millones de colones según las estimaciones reales que hizo ANAI.
Ahora el proyecto deberá ser convocado por el Ejecutivo para que se discuta en el plenario debido a que el Congreso se encuentra en sesiones extraordinarias.
