San José, 17 oct (elmundo.cr) – Ana Laura Suárez, esposa del importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños Rojas, declinó someterse al interrogatorio de la Comisión Especial del Congreso que estudia un crédito otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR) a la empresa Sinocem, propiedad de su cónyuge.
La esposa de Bolaños llegó muy temprano a la Comisión acompañada de su abogado, José Miguel Villalobos; e inclusive, esperó sentada en la zona de público y prensa durante varios minutos a que los diputados -que se encontraban en sesión del Plenario- ingresaran al recinto donde sesiona la Comisión.
Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), era quien iniciaría las preguntas hacia la compareciente, sin embargo, ante la primer interrogante relativa a la participación que tiene ella en las sociedades de Juan Carlos Bolaños, Suárez puso fin a la comparecencia con menos de 50 palabras y sin que hubiesen transcurrido siquiera seis minutos desde que inició la sesión.
“Por recomendación del licenciado, el señor Villalobos, me voy a abstener de declarar de conformidad con los derechos y garantías que me dan el artículo 36 de la Constitución Política, el 205 del Código Procesal Penal, el 112 del Reglamento Legislativo y el voto 1739-92 de la Sala Constitucional”, dijo.
Ottón Solís, debido a la respuesta, preguntó a la compareciente por qué temía responder. “Porque la Constitución Política me lo garantiza”, replicó ella.
Suárez se convirtió así en la primera de todas las personas que han sido llamadas a interrogatorio, que logra librarse de las preguntas de los legisladores. Sin embargo, su situación a diferencia de la de los otros comparecientes, es muy diferente.
Los instrumentos jurídicos mencionados por la esposa de Bolaños le permiten abstenerse de declarar a favor o en contra de su esposo, pues así lo establece el artículo 36 de la Constitución Política.
Artículo 36. En materia penal nadie está obligada a declarar contra sí mismo, ni contra el cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad.
-Constitución Política de Costa Rica
Si bien el artículo anterior establece que la posibilidad de abstenerse es en materia penal, el derecho se extiende a las comisiones legislativas -como es el caso de la que estudia el cementazo-, pues el órgano parlamentario sesiona con la previa juramentación de los comparecientes, por lo que lo allí dicho podría, eventualmente, acarrear sanciones penales por los delitos de perjurio y falso testimonio.
El derecho que cobija a Suárez, además, está recogido en los artículos 14.3.g) y 8 inciso 2.g) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual Costa Rica suscribe y por ende debe acatar y respetar.
Según ha desarrollado la Sala Constitucional en un fallo del año 2000, la invocación del artículo 36 constitucional imposibilita el obtener información o confesión mediante medios ilegítimos, por lo que debe necesariamente demostrarse la culpabilidad del imputado y no interpretarse el uso de la abstención como una declaración de culpabilidad.
Suárez también invocó el artículo 205 del Código Procesal Penal para abstenerse de responder.
Artículo 205.- Facultad de abstención. Podrán abstenerse de declarar, el cónyuge o conviviente, con más de dos años de vida en común, del imputado y sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales, hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad. Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención, antes de que rindan testimonio. Ellas podrán ejercer esa facultad aun durante su declaración, incluso en el momento de responder determinadas preguntas.
-Código Procesal Penal
El anterior artículo fue objeto de estudio por la Sala Constitucional entre finales del 2010 e inicios del 2011, a raíz de una acción de inconstitucionalidad. En su fallo unánime, los Magistrados estimaron que la razón de ser del artículo es la protección de la unidad familiar que se encuentra también tutelada por la Constitución Política, en su numeral 51.
“Entre dos intereses contrapuestos, la averiguación de la verdad de los hechos por un lado y la necesidad de proteger los vínculos familiares, por el otro, el legislador constituyente, optó por el segundo. No obstante, esa protección se da siempre y cuando exista el vínculo familiar”, dice el fallo 3056-2011.
Si bien anteriormente otros comparecientes han dicho que se abstienen de responder determinadas consultas -como ocurrió al inicio del interrogatorio a Juan Carlos Bolaños- la Comisión determinó que no existía motivo válido para que tal abstención se diera.
En el caso de Suárez, ella invocó además el artículo 112 del Reglamento del Congreso, el cual establece el derecho que tienen los comparecientes a una Comisión Legislativa de acompañarse de un abogado y de negarse a declarar en los casos en que así la
faculte la Constitución o la Ley se lo permita, o bien cuando se trate de asuntos diplomáticos,jurisdiccionales o militares pendientes.
Así, la esposa de Bolaños pudo -apegándose a ese artículo- invocar los artículos 36 de la Constitución Política y 205 del Código Procesal Penal.
Dada la imposibilidad de continuar con el interrogatorio y el señalamiento de que todas las preguntas serían respondidas de la misma forma, el presidente de la Comisión, Ronny Monge Salas dio por terminada la audiencia.
La Comisión retomará los interrogatorios el jueves, con la audiencia al exministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, así como a otros diputados que han tenido contactos y reuniones con el empresario cementero.
