San José, 5 feb (elmundo.cr)- El empresario Juan Carlos Bolaños, el gerente suspendido del Banco de Costa Rica (BCR), Mario Barrenechea y los subgerentes Víquez Lizano (de banca mayorista) y Acuña Alvarado (de finanzas y riesgos), continúan en prisión preventiva hasta el 4 de agosto del 2018.
Ayer se recibió la notificación del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, a una semana de que iniciara la audiencia en la que la Fiscalía General solicitó la prórroga de medidas cautelares para cuatro imputados y el cambio de medidas para otros tres, del caso del “cemento chino”.
De acuerdo con la fiscal general de la República, Emilia Navas Aparicio, “durante los últimos tres meses se recabó evidencia que nos lleva a determinar que aumentó la probabilidad de que estas cuatro personas son responsables de los hechos que estamos investigando”.
La jerarca señaló que el equipo a cargo de las investigaciones de este caso de corrupción continúa recolectando y analizando pruebas para llegar a esclarecer los hechos.
Contra el subgerente de banca minorista, Corrales Barboza, el gerente corporativo de riesgos y control interno, Barrantes Campos, y el director de gestión de crédito, Ramírez Rodríguez, la Fiscalía General solicitó cinco medidas cautelares, de las cuales, el Juzgado Penal acogió tres y sumó otras tres diferentes, por lo que el equipo de investigación del caso analizará si presenta o no un recurso de apelación.
Las medidas solicitadas por la Fiscalía son: no comunicarse por ningún medio con testigos, impedimento de salida del país, firmar los días 15 y 30 de cada mes en la Fiscalía más cercana, pago de una caución real (pago de fianza) por ¢10.000.000 y suspensión del cargo. Estas dos últimas no fueron acogidas.
Además de las tres medidas anteriores, el Juzgado ordenó mantener domicilio fijo; asistir a cualquier llamamiento que realicen las autoridades policiales, fiscales o jurisdiccionales y no acercarse a un radio de un kilómetro de las oficinas bancarias en las cuales realizaban sus actividades laborales.
Actualmente, los funcionarios se encuentran suspendidos de sus cargos sin goce salarial, por una medida administrativa tomada por la entidad bancaria.
El Ministerio Público aclara que el cambio de medidas cautelares no obedece a que se haya determinado alguna duda respecto a la participación en los hechos investigados de los imputados Corrales, Barrantes y Ramírez, sino más bien a que durante estos tres meses se recopiló prueba que determina que estas personas, al menos hasta este momento, pudieron haber tenido una menor participación en los hechos investigados.
La Fiscalía solicitó el cambio de medidas considerando que los peligros procesales de estas personas se podrían contener con medidas cautelares menos gravosas.
“Hasta donde las pruebas nos han llevado en este momento, la probabilidad nos dice que la participación de estos tres imputados pudo haber sido menor y, de acuerdo con los principios de objetividad y proporcionalidad, el Ministerio Público consideró que era pertinente el cambio de medidas cautelares mientras avanzan las investigaciones”, afirmó Navas.
Las pruebas a las que hace referencia la fiscal tienen origen en la ampliación de declaraciones indagatorias que rindieron los imputados, las cuales, por voluntad de estos, se recibieron dos meses y 10 días después de la detención de estos: 15 de enero en el caso de Ramírez y 16 de enero en los casos de Barrantes y Corrales.
