San José, 22 set (elmundo.cr) – La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó un recurso de amparo en contra del gobierno por quitar las placas de los buses que transportan manifestantes.
El recurso de amparo fue presentado por la violación de los artículos 33 y 61 de la Constitución Política en contra de German Marín Sandí, director general de la Policía de Tránsito, dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).
Marín señaló a inicios de esta semana que los autobuses o microbuses de transporte público autorizado que movilicen personas a puntos de bloqueo en las vías serán detenidos y sancionados.
Las sanciones podrían incluir el retiro de las placas del vehículo y una multa de 104 mil colones, o elevar el caso ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), con multas superiores.
Según el jerarca los operativos se realizan desde este lunes en diferentes puntos del país para garantizar que los autobuses se utilicen conforme a sus permisos específicos.
Ante esto la ANEP manifestó que “esas declaraciones y amenazas a los conductores de transporte públicos, generó que para el día 18 de setiembre del 2018, los choferes de los autobuses que había venido prestando el servicio a las organizaciones sindicales, se negaran a brindarlo, dificultando el transporte de las personas manifestantes como se había venido realizando días atrás”.
Para la ANEP dichas declaraciones han tenido como finalidad causar un entorpecimiento al ejercicio del movimiento de huelga, que están realizando las organizaciones sindicales, tratando de debilitar el movimiento y violentando las normas nacionales e internacionales.
“La utilización de los mecanismos de amenazas y sanciones a las personas que participan o colaboran con el movimiento, es una clara violación a la libertad sindical, que podría constituir una infracción a las leyes laborales y prácticas laborales desleales”, aseguran.
Los Convenios números 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han establecido la prohibición expresa de que los Estados intervengan para limitar el ejercicio de los derechos de las organizaciones sindicales, entre ellos el derecho a la huelga.
Ambas normas jurídicas han sido ratificadas por Costa Rica y por lo tanto son parte de la normativa y de acatamiento obligatorio en el país.
ANEP enfatizó que las declaraciones de Marín son “una clara limitación solapada del ejercicio del derecho fundamental a la huelga, tratando de causar un debilitamiento del movimiento”.
El miércoles la Policía de Tránsito detuvo tres autobuses en el Paseo Colón y uno en Heredia y procedió a multar a los choferes y retirar las placas.
El subdirector general de la Policía de Tránsito, Alberto Barquero, indicó que dichos vehículos trasladaban manifestantes en una ruta para la cual no tienen permiso de operar.
“En el caso de Heredia se detectó que el autobús estaba trasladando personas que se dirigían a lugares donde había concentración de huelguistas, siendo un vehículo de transporte que se desvió de la ruta que debía cumplir”, añadió Barquero.
