San José, 30 jul (elmundo.cr) – La implementación de la Ley 10232, Ley de autorización de condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales, diseñada para ofrecer amnistía y alivio a los trabajadores independientes morosos ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ha revelado graves deficiencias en su cumplimiento.
Así lo hizo ver el Movimiento Borrón y Cuenta Nueva, que recalca que “aunque la ley aprobó la remisión de intereses, multas y recargos de las cuotas a la seguridad social y extendió su alcance para incluir el recargo de servicios médicos, se han evidenciado problemas significativos”.
“Estos incluyen el incumplimiento de acuerdos por parte de la entidad, falta de capacitación e interés por parte del personal directamente involucrado, ausencia de sistemas óptimos y, por tanto, grandes atrasos en la ejecución y una pésima aplicación de la Ley 10363, que permite la prescripción de deudas de trabajadores independientes a partir de 4 años”, agregan.
Según el Movimiento Borrón y Cuenta Nueva “estas ineficiencias por parte de la entidad están impidiendo que miles de asegurados puedan regularizar su situación y acceder integralmente a los beneficios prometidos, generando frustración y desesperanza entre quienes más necesitan este apoyo”.
De la promesa a la frustración
Según los datos recientes dados a conocer por la propia entidad, al 30 de junio del presente año, han recibido 21,600 solicitudes de las cuales han resuelto 20,040. Esa cifra, aunque representa un progreso, es insuficiente considerando que la cantidad de patronos y trabajadores independientes morosos queriéndose poner a derecho superan los 250 mil.
“Como movimiento reconocemos que hubo un arduo trabajo por parte de la Junta Directiva de la CCSS para apoyar y promover esta ley, pero a la hora de implementarla, los resultados no son los óptimos porque hoy hay un pero y mañana otro”, señaló Joseph Ugalde, vocero del Movimiento Borrón y Cuenta Nueva.
¿Cuál es la realidad del problema?
La cantidad exacta de trabajadores independientes y patronos morosos sigue siendo alarmante. Se requiere una evaluación exhaustiva para determinar el alcance real de este problema y permitir una solución adecuada y oportuna.
Además indican que se falló al aplicar la Ley 10363 y la inclusión del recargo de servicios médicos
Los asegurados se están enfrentando ahora con la imposición de cuotas mensuales muy altas, en algunos casos de hasta 200.000 colones, mismas a las que hay que agregarle las cuotas regulares.
“Debemos recordar que los trabajadores independientes a menudo se enfrentan a un tortuoso camino de altos y bajos que se traduce en inestabilidad económica, como por ejemplo ingresos fluctuantes o a veces ni siquiera tienen ingresos, pero sí tienen la voluntad de regularizarse y cumplir con el arreglo”, lamentan.
Ugalde explicó que “desafortunadamente, el reglamento de la ley de condonación solo permite un único acuerdo de pago bajo estas ventajas. Una vez perdido este beneficio, se les comunica que pueden optar por la prescripción pero sin la condonación (o una u otra), o deben reiniciar el proceso de formalización”.
“Los requisitos contrarios a la Ley de Simplificación de Trámites, que se les exige a los trabajadores independiente cumplir, para que la CCSS entre a analizar sus solicitudes, bajo la amenaza de archivar sus casos; y los tiempos de resolución exagerados, donde los independientes llevan meses esperando para que les apliquen las figuras de prescripción y condonación a sus deudas, que recordamos, por ley les corresponde”, manifestaron.
Para el Movimiento Borrón y Cuenta Nueva este retraso y complicación en el sistema ha llevado a muchos asegurados a optar primero por la prescripción, esperando poder acceder a la condonación más adelante. Sin embargo, la fecha límite para acogerse a la condonación es el 14 de diciembre de 2024, lo que significa que muchos no podrán beneficiarse a tiempo porque los atrasos de la entidad no les permitieron arrancar antes el proceso.
“Instamos a la CCSS a llevar a cabo las acciones necesarias para que se cumpla la aplicación de ambas leyes con la celeridad que se requiere para que los interesados puedan regularizar su situación ante la entidad y puedan beneficiarse de lo prometido en ambos documentos”, concluyen.
