San José, 17 may (elmundo.cr) – La Cámara Costarricense – Norteamericana de Comercio (AmCham) manifestó su rotonda oposición al proyecto de Ley que pretende autorizar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a desarrollar obra pública.
Dicho proyecto fue presentado por el diputado de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado quien afirmó que el ICE no devengará ganancias de los proyectos que construirá, por lo que habría una supuesta reducción en la inversión en infraestructura del país.
“Lo cierto es que esta institución ha demostrado todo lo contrario”, dijo en un comunicado la AmCham.
“(Reconocemos) la experiencia del ICE en las obras que ha desarrollado, sin embargo esto no significará un ahorro para el país, por el contrario, la institución ha demostrado su incapacidad a la hora de administrar los recursos y tiempos con obras que a su finalización han duplicado o triplicado su costo original“, manifestó la entidad.
Ejemplos de AmCham sobre sus afirmaciones incluyen el Proyecto Eólico Valle Central, cuyo costo inicial era de $21 millones y al final fue de $53 millones para un sobrecosto de $32 millones.
Asimismo afirman que el Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior costaba inicialmente $93 millones y al final costó $333 millones, un sobrecosto de $240 millones.
Finalmente mencionaron la Planta Hidroeléctrica Pirris, la cual se tenía previsto costara $300 millones pero que al final fue $330 millones más cara, quedando en $630 millones.
En total, según AmCham, dichos proyectos representaron sobrecostos por 602 millones de dólares, unos 322.070 millones de colones al tipo de cambio actual.
La cámara afirma que “una mala interpretación del principio de servicio al costo, contenido en la Ley de ARESEP”, causa que esos sobrecostos se incluyen en la tarifa que pagan todos los habitantes de Costa Rica.
“La cifra de $602 millones es difícil de dimensionar, pero por ejemplo con solo 2/3 de esos sobrecostos que estamos pagando todos, bien pudo haberse financiado la construcción de nuevos hospitales en Golfito, Turrialba y Cartago. También hubiera sido posible financiar las obras ferroviarias que requiere INCOFER, por la suma de $600 millones”, criticó la Cámara Costarricense – Norteamericana de Comercio
El presidente de dicha organización, Dennis Whitelaw manifestó que lo más preocupante es la competencia desleal que esto puede generar.
“El tema de libre competencia es un tema crítico, el que se pueda contratar al ICE sin un proceso de licitación afecta al sector construcción. Éste es uno de los sectores de la economía que genera más empleo, por lo que la participación del ICE en este tipo de proyectos afectaría a los trabajadores de construcción de la empresa privada“, manifestó en el comunicado.
Según la Cámara, autorizar al ICE a desarrollar obra pública causaría retroceso en Costa Rica y devolvería al concepto de “Estado Empresario”, cosa que perjudicaría la competitividad del sector privado.
“Esto reduciría los contratos de desarrollo disponibles y la generación de empleo directo”, agregó.
“Empresas del sector construcción nacional están formando alianzas con empresas internacionales para participar en contrataciones de grandes obras de infraestructura, por lo que limitar la concesión de obras públicas afectaría la atracción de inversión y de nuevos negocios al país”, recalcó Whitelaw.
Para AmCham, el ICE no tiene la capacidad ni la eficiencia necesaria para administrar este tipo de proyectos.
“Si los usuarios no tenemos la posibilidad de escoger a quien le compramos la electricidad, si tenemos el derecho de levantar la voz y solicitar se respete la libre competencia”, concluyó.
