AmCham exige que nuevo regulador se abstenga de participar en temas de Telecomunicaciones

aunque su nombramiento inició el domingo.
Roberto Jimenez ARESEP
Roberto Jimenez asumirá el cargo a partir del 8 de mayo.

San José. 8 abr (elmundo.cr) – La Cámara Costarricense – Norteamericana de Comercio (AmCham) exigió al nuevo regulador general de ARESEP, Roberto Jiménez Gómez, abstenerse de participar en temas de Telecomunicaciones por sus años de servicio al Instituto Costarricense de Electricidad.

Jiménez Gómez resultó ratificado en el cargo por silencio legislativo, luego de que ayer el PAC y el Frente Amplio se ausentaran para que no se discutiera ni votara su nombramiento, ya que el resto de partidos habrían votado en contra de su designación por su cercanía con el ICE, que podría constituir una violación al Tratado de Libre Comercio.

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“Para AmCham, en lo sucesivo, el señor Jiménez deberá abstenerse de participar en las deliberaciones y votaciones sobre temas relacionados con Grupo ICE, así como tampoco podrá participar del nombramiento de los miembros del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, dictar reglamentos sobre tema, ni revisar las resoluciones tarifarias de la SUTEL”, dice un comunicado de prensa enviado por Dennis Whitelaw, presidente de AmCham.

“Toda vez que esas actuaciones incidan en el ICE y mientras la persona designada no renuncie a dicha empresa, le beneficiarán en lo personal”, agregó.

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Según AmCham, Jiménez Gómez deberá limitarse a aumentar las tarifas del servicio de combustibles, acueducto y alcantarillado y transporte público remunerado de personas, entre otros.

Para el presidente de AmCham, conforme con la legislación vigente, el cargo de Regulador General no puede ser ejercido por un funcionario de una de las empresas reguladas, “semejante designación difícilmente podrá superar un examen de legalidad ante la autoridades judiciales competentes”, señaló Whitelaw.

Esta situación, también traerá inconvenientes con el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), ya que en él se estipula la obligación de Costa Rica de mantener una autoridad reguladora para los servicios de telecomunicaciones, que será independiente de todo proveedor de servicios de telecomunicaciones, y no responderá ante ellos.

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