San José, 15 oct (elmundo.cr) – La empresa costarricense Álvarez y Marín Corporación S.A habría perdido un arbitraje con la República de Panamá según informó este lunes el equipo internacional de Hogan Lovells.
Según informó Hogan Lovells, la firma, “logró una victoria completa en nombre de la República de Panamá en un arbitraje de inversiones pendiente ante el Centro Internacional para la Solución de Controversias de Inversiones (CIADI). El arbitraje se inició hace más de tres años por inversionistas de Costa Rica, entre ellos Álvarez y Marín Corporación S.A. y el Reino de los Países Bajos”.
El comunicado señala: “Los reclamantes alegaron que Panamá infringió su Acuerdo de Libre Comercio con América Central y el Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con el Reino de los Países Bajos. Específicamente, las demandantes alegaron que Panamá expropió y no otorgó un trato justo y equitativo a las Demandantes y su inversión en un proyecto residencial y hotelero de ecoturismo multimillonario ubicado en una playa remota en una reserva indígena panameña”.
“Los reclamantes solicitaron daños por más de US $ 100 millones, incluidos daños morales, tarifas y costos. Panamá argumentó que el Tribunal carecía de jurisdicción porque los reclamantes adquirieron sus inversiones a través de una serie de transacciones fraudulentas, en violación de las leyes panameñas e internacionales, y no realizaron la debida diligencia de inversión apropiada”, agregan.
Según indica Hogan Lovells “el Tribunal acordó con Panamá que carecía de jurisdicción y desestimó todas las reclamaciones contra el país. En su decisión, el Tribunal observó que todos los tratados de inversión tienen un requisito implícito para que un inversionista cumpla con la legislación nacional.
“Específicamente, el Tribunal determinó que los Demandantes violaron la ley panameña y las protecciones especiales otorgadas a las comunidades indígenas en Panamá. La violación de la ley se consideró grave, lo que impidió a las demandantes obtener protección en virtud de los tratados aplicables. El Tribunal también encontró que los demandantes no realizaron la debida diligencia necesaria e ignoraron las múltiples “señales de alerta” con respecto a la ilegalidad de la inversión”, añaden.
El equipo de arbitraje internacional de Hogan Lovells incluyó a los socios Daniel E. González, Richard C. Lorenzo y María E. Ramírez, el abogado Juan C. García, el asociado senior Javier Peral y Juliana de Valdenebro y Yine Rodríguez en Miami, y la asociada senior Silvia Martínez en Madrid.
Hablando sobre el caso González indicó que “esta es una decisión importante que sienta precedentes en el arbitraje de tratados de inversión. Nuestro equipo, y nuestro cliente, pusieron una cantidad increíble de trabajo en la defensa contra estos reclamos falsos durante un largo período de tiempo y para asegurar un resultado tan grande, exonerar completamente a nuestro cliente, es increíblemente satisfactorio. Decir que nos complace es un eufemismo, y estamos agradecidos de que el Tribunal le haya otorgado a nuestro cliente una audiencia tan justa “.
El resultado exitoso es una decisión importante en términos de arbitraje internacional y un resultado importante para Panamá, concluyó González.
Antecedentes
Andino Archibold, exalcalde de Kusapín y Feliciano Baker, vendieron dos fincas a la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral S.A. (Decsa), propiedad del liberacionista.
Pero el sitio donde se ubican las fincas eran terrenos indígenas que fueron declarados “Área Protegida Nacional” y se le bautizó como el Humedal Damani Guariviara. Por ello, la adquisición de tierras por parte de la sociedad de Álvarez fue declarada nula por parte de las autoridades.
Es a raíz de dicha declaratoria que Álvarez entabló una demanda contra el Estado de Panamá, reclamando 100 millones de dólares en en Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), perteneciente al Banco Mundial.
