San José, 21 ene (elmundo.cr) – La Alianza Sindical del Poder Judicial, que reúne a las cinco más destacadas agrupaciones de trabajadores de esa institución fue contundente ante los legisladores de la comisión que estudia posibles cambios en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que un único período de nueve años es suficiente en el puesto para magistrado o magistrada.
Fueron claros y reiterativos en la no reelección para evitar el problema actual de que el puesto es prácticamente vitalicio, lo que no permite que la institución se alimente con sangre joven e incluso se da la problemática de que hay jueces, con edad muy avanzada y con disminución de capacidad cognitivas que continúan en sus puestos.
Los visitantes se refirieron al expediente 21.612 Comisión Especial de Reforma Constitucional para la Elección y Reelección de los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia que impulsa que en vez de necesitarse 38 votos de los diputados para que un magistrado no continúe en su puesto, se requiera esa misma cantidad que se ratifique que si, continúe.
En representación de la Alianza acudieron Jorge Cartín, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud); Silvia Arce, del Sindicato de la Judicatura (Sindijud); Álvaro Rodríguez, del Sindicato Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC); Hugo Solís, del Sindicato de la Defensa Pública (Sindepu); y José García, del Sindicato de Profesionales y Técnicos en Contaduría, Finanzas y Afines del Poder Judicial (Asprotecofi).
Arce fue enfática en que la forma actual de elección de los magistrados que se realiza en la Asamblea Legislativa ha sido nefasta; es ineficaz e ineficiente, a favor del clientelismo de los jueces y los abogados y contraria al principio de independencia del Poder Judicial.
Los visitantes proponen además que exista un régimen de medición y evaluación del desempeño y aplicación de un régimen disciplinario para los magistrados como lo hay para los jueces.
Álvaro Rodríguez, en representación de ANIC, argumentó que donde principalmente se requieren modificaciones es en la forma en que se lleva a cabo la elección de los magistrados en la Asamblea Legislativa.
“Lo del “cementazo”, que generó la desbandada de la Sala Tercera, nos enciende las alarmas, las luces, de que la reelección es sumamente peligrosa en cualquier contexto porque lamentablemente está politizado y se presta para eso… funesto”, afirmó Zamora, quien recomendó a los congresistas volver sus ojos al expediente 20.655, que se conoció en una comisión, en el 2017 y donde la Defensoría de los Habitantes hace la recomendación que ellos presentan hoy de un solo período por 9 años.
La diputada del Partido Liberación Nacional, Kattia Cambronero, dijo a los visitantes estar preocupada por la posible pérdida de conocimiento que se podría tener si se limita el tiempo o la reelección de los magistrados.
Ante la consulta de la parlamentaria del Partido Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros, sobre cómo podría modificarse la selección de los candidatos, la Alianza propone varias ideas como que sea un órgano heterogéneo compuesto por diferentes agentes sociales, Colegio de Abogados; universidades públicas y privadas, órganos con mucha representatividad social, los que hagan la preselección de los candidatos.
Otro de los puntos mayormente cuestionado por los sindicatos se refiere al atípico hecho de que son un híbrido pues realizan una serie de labores administrativas de la institución y a la vez imparten justicia. Proponen que la mayoría de las labores administrativas sean ejecutadas por el Consejo Superior.
De igual manera, sostienen que quienes aspiren a los puestos de magistrados deben haber cumplido con una carrera judicial, en que se hayan desempeñado como jueces y que tengan una edad mínima de 50 años, pues así ya cuentan con la madurez suficiente y la experiencia profesional.
Por último, los gremios sindicalistas manifiestan la necesidad de que los magistrados, como empleados que son del Poder Judicial, sean sometidos a una evaluación del desempeño; pero que esta no se relacione en cómo resuelven los casos que conocen sino parámetros objetivos, como el circulante, tiempos de respuesta, o sea, productividad, de acuerdo con la complejidad de los casos que tramitan.
