San José, 09 dic (elmundo.cr) –La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) advirtió sobre las graves consecuencias que puede traer consigo la aprobación de la Ley de Gestión Integrada de Recurso Hídrico, tanto para la administración del agua como para el aprovechamiento de los terrenos cercanos a las nacientes.
Los alcaldes aseguraron que la iniciativa traslada gran cantidad de las competencias que en la actualidad asume Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) al Minae, lo que provocaría que los criterios en este tema pasen de ser técnicos a convertirse en políticos.
Heibel Rodríguez, alcalde de Poás y exgerente general de Acueductos y Alcantarillados, enfatizó que la creación de una nueva superestructura que concentre las decisiones relacionadas con este bien trae consigo riesgos muy serios para para la autonomía y gestión municipal.
Rodríguez indicó que “esta propuesta genera una enorme preocupación. Después de que esta ley pase los alcaldes no tendremos ninguna injerencia en los temas que tengan que ver con recurso hídrico, porque todo lo va a manejar el ministro del Minae y la Dirección de Aguas que se crea. Y entonces ¿para qué vamos a hacer planes reguladores? Porque a partir del recurso hídrico también va a controlar el suelo, ya que el primero es una variable fundamental en nuestros planes reguladores”.
“No podemos sentarnos de brazos a esperar que en diciembre nos den ese regalo que significa un golpe fuertísimo a la autonomía de los gobiernos locales”, agregó el alcalde de Poás.
Otro tema que destacan los alcaldes es el del área de protección de 200 metros de radio de las nacientes, lo que significa una afectación enorme en cantones llamados hídricos, como Tilarán, Dota, Sarchí, Poás y Santa Bárbara de Heredia.
Juan Pablo Barquero, alcalde Tilarán, recalcó que el proyecto impactará de manera negativa en la productividad de su cantón.
“En el caso de Tilarán, muchas de las nacientes están cercanas a pequeños parceleros que se quedarán prácticamente sin terreno para trabajar. La protección de los 200 metros incluida en esta legislación traería consigo la obligatoriedad de realizarla. Este proyecto debe volver a comisión”, añadió Barquero.
De igual manera, Rodríguez manifestó que no se incluyen criterios científicos o técnicos para definir esa cantidad de metros de protección y aunque se presente el estudio de un hidrogeólogo, no hay manera de variar ese lineamiento.
El alcalde de Dota y presidente de ANAI, Leonardo Chacón, dijo sentirse preocupado ya que en un cantón como el que dirige, donde existen muchas pendientes, esos 200 metros pueden significarle a un propietario entre 2 a 4 manzanas de terreno sin poder utilizar.
“Tenemos un problema muy serio con un terreno que compró el Estado para un colegio y donde un hidrogeólogo del Minae detectó tres nacientes de agua en esa propiedad que costó más de 300 millones de colones, y por ende solo le quedan 200 metros m2 para construir. En Dota el 84% del territorio es protegido y cuando el Minae tenga esas potestades de nada valdrá el plan regulador, ellos serán los que decidirán dónde, cómo y cuándo. ¿Qué pasará con las siembras de melón, sandía y naranja, con las lecherías, que necesitan suficiente agua?”, comentó Chacón.
Los alcaldes acordaron presentar una oposición a esta iniciativa en la pasada Asamblea General Extraordinaria de ANAI.
