San José, 21 feb (elmundo.cr) – Tal parece que en Casa Presidencial algún funcionario tuvo una fantasía orwelliana al mejor estilo de 1984 y propuso la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD)
Sin embargo, luego de que los medios informaran sobre el decreto firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, diversos sectores criticaron fuertemente la creación de la UPAD.
Incluso el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides y los jefes de fracción de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Nueva República y Republicano Social Cristiano le exigieron al mandatario que derogara dicho decreto.
Al final, minutos después de salir a defenderlo la ministra de Comunicación, Nancy Marín, informó que el decreto Nº41996-MP-MIDEPLAN había sido derogado.
Con respecto al decreto en el Artículo 7 se indica que “las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado”.
Además, agrega que “también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”.
Por otro lado, el proyecto tiene una declaratoria de interés público y se manifiesta que “las dependencias del sector público y del sector privado, dentro del marco legal respectivo, podrán contribuir con recursos económicos, en la medida de sus posibilidades, y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos, para la exitosa realización de sus objetivos y actividades indicadas”.
Por su parte la ministra Marín explicó que desde hace algún tiempo un equipo de tres profesionales en estadística y economía ha venido trabajando en el análisis de los datos para la ejecución de políticas públicas.
Esto llevó al diputado Roberto Thompson a asegurar que la derogatoria no «no minimiza su gravedad».
Pues para el legislador «así las cosas la publicación del decreto y las declaraciones de la ministra de Comunicación sólo confirman una práctica que se venía dando (sin decreto) desde hace meses a espaldas de la ciudadanía. ¡Grave, muy grave!».
