Redacción, 03 ago (elmundo.cr)- EL MUNDO le consultó al gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República (CGR), Allan Ugalde, sobre el caso del viaducto de Paso Ancho a cargo de la empresa MECO. No obstante, el funcionario se refirió en términos generales a los problemas que suelen presentarse en los carteles de licitación pública.
Ugalde explicó que en Costa Rica existe una condición que es inusual en otros países, con relación a la posibilidad de modificar un contrato hasta en un 50%. Esto significa que su margen de error es de la mitad de lo que se ofrece.
Para el experto en la materia, esa es una situación de mejora que se debería revisar en la legislación costarricense, porque al tener márgenes de modificación menores en los proyectos, la Administración tendría que ser más precisa de las obras que va a contratar. Incluso, también le restaría margen a que durante la marcha se hagan una serie de alteraciones.
Por otro lado, el Gerente de la Contraloría considera que se debe revisar en concreto la condición de cada una de las obras, puesto que se han dado situaciones donde es necesario no solo incrementar las actividades de un proyecto, sino que también aumentar los plazos y costos.
“No es lo que a uno más le gusta, pero lamentablemente, la gran mayoría de los proyectos en este país pasan por este proceso. Me parece que es un punto de mejora, en el que más bien se debería tratar de que los proyectos estén tan controlados y administrados que el margen de modificación sea menor”, explicó Ugalde.
Agregó que un porcentaje tan elevado de modificación provoca un aumento de los riesgos y costos para la Administración, siendo uno de los temas que más impacta un proyecto.
Cabe mencionar que MECO debía entregar el proyecto del viaducto en Paso Ancho hace casi dos años atrás- en octubre 2015 para ser más precisos-, no obstante, en el trayecto de la fase constructiva hubo problemas con la expropiación de algunas propiedades, el traslado de los servicios públicos y fallas detectadas en la obra tanto por la empresa fiscalizadora (Ginprosa) como del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
El funcionario de la Contraloría insistió en que existe un margen “muy alto” de modificación a nivel de ejecución contractual que la ley permite. Esta situación tiene implicación en la puesta en marcha de forma oportuna de los proyectos y en la cobertura de las necesidades en el menor tiempo posible.
“Hemos visto que en muchas ocasiones se sacan a concurso, sobre todo en algunas obras de mucha relevancia, donde podría haber tal vez falta de algún tipo de estudio que le diera más claridad a los contratistas a la hora de participar, en cuanto a las dimensiones de lo que se busca, los tipos de suelos a los que se van a enfrentar, las condiciones de los servicios públicos que se ubican en la zona, etc.”, comentó.
Ugalde ejemplificó lo anterior con el caso de la Ruta 32, ya que en su momento la CGR puso en conocimiento de la Asamblea Legislativa la falta de más detalles de información para que los contratistas pudieran iniciar la obra. Sin embargo, ahora se están materializando ese tipo de riesgos dado que hay situaciones que no se previeron en su momento.
También mencionó la situación con la carretera Sifón-La Abundancia y las circunstancias en que se está desarrollando la obra, dado que todavía no hay claridad de ciertos puntos específicos y se debe hacer más análisis en detalle de las condiciones de suelo.
Sobre la posibilidad de un tercero encargado de formular los carteles de licitación, el funcionario manifestó que no es del todo mala la idea, siempre y cuando se tenga claro que esa es la mejor opción para poder satisfacer el interés público.
“Pero al tercerizar también se asumen o se comparten riesgos, lo importantes es que la Administración tenga claridad de esos riesgos y cómo los va a administrar. Creo que el tema es saber si realmente estamos con conocimiento de lo que es administración de proyectos, saber qué proyectos tienen que avanzar, saber qué proyectos no pueden seguir avanzando porque sencillamente son inviables, financiera, técnica y legalmente”, añadió.
Con respecto al viaducto de Paso Ancho, en octubre de 2015, la empresa Ginprosa, encargada de fiscalizar la obra, detectó grietas, fisuras en los aisladores sísmicos, pandeos en estructuras metálicas, fracturas en el concreto y problemas con los anclajes. De igual forma, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), dio a conocer dos informes al Conavi: uno en junio y el otro en octubre de 2016.
A pesar de lo anterior, el proyecto fue inaugurado por el Gobierno en agosto de 2016 y, producto de ello, el 18 de junio de 2017 se desprendió una platina en una de las juntas de expansión. En la actualidad hay un cierre total, ya que el contratista está sustituyendo las juntas de expansión. Entre setiembre y octubre finalizarían los trabajos en la zona.
Sobre la misma línea, el funcionario de la Contraloría explicó que el modelo de supervisión es una “fase importantísima” dentro de la gestión del proyecto, siendo la Administración responsable de verificar si lo que está recibiendo es lo adecuado o no para ponerlo en funcionamiento.
“Si la Administración identifica que lo que se le está entregando tiene algún tipo de deficiencias, el contratista con cargo a sus posesiones patrimoniales y a sus obligaciones asumidas lo debe corregir, y una vez que esté solucionado, la Administración vuelve a verificar si es apropiado lo que se trabajó y si se puede poner en funcionamiento el proyecto”, argumentó.
En cuanto a los informes que elabora el Lanamme, “la Administración no está obligada a cumplir con los informes, pero por supuesto que tiene que ponderarlos”, pues a criterio del integrante de la CGR, estos son insumos que la ley prevé como un asesor técnico que tienen a la mano para mejorar las condiciones de la red vial nacional.
