San José, 17 nov (elmundo.cr) – El XXI Informe del Estado de la Nación determinó que los últimos tres gobiernos tienden a compartir las ideas básicas con respecto a cuál debe ser el paradigma del desarrollo nacional.
Según el informe las agendas de cada administración tienen más puntos de convergencia que de divergencia.
En el informe indican que “ninguno de los planes estudiados propone cambiar el estilo de desarrollo, ni modificar sustantivamente los fundamentos del modelo económico imperante en el país desde hace veinte años, caracterizado por una amplia inserción global, o el sistema de bienestar social, sustentado en un enfoque solidario. Las diferencias son más bien de tono y matices en asuntos específicos”.
Este resultado lo explican por el hecho de que los tres gobiernos convergen alrededor de un núcleo común, que se centran en una visión amplia del desarrollo humano sostenible.
En cuanto a la dimensión productiva los puntos de encuentro tienen que ver con temas monetarios, fiscales, tributarios, de infraestructura de transportes y de comercio exterior.
Los tres gobiernos le dan importancia a una agenda de desarrollo “hacia afuera”, basada en la promoción de políticas de liberalización comercial, con el supuesto de que los mercados internacionales son los espacios idóneos para absorber gran parte de la producción nacional, así como para proveer las importaciones que se requieren para fomentar el desarrollo de la economía local.
Además le han brindado especial interés a la necesidad inversión extranjera directa (IED) a fin de complementar el ahorro y la inversión doméstica, y ayudar a modernizar el aparato productivo, mediante acciones estratégicas en comercio exterior, que incluyen la realización de negociaciones comerciales, fomento de acuerdos multilaterales y políticas para la atracción de IED.
Las tres administraciones plantean un énfasis claro en la atención de problemas de desigualdad mediante proyectos que buscan elevar la inversión social pública, así como la reforma del sistema tributario.
Plantear una política social “de dos pisos”, con programas que incluyen tanto la provisión de servicios públicos, en educación, salud y vivienda, como el diseño de redes de ayuda que aseguren el empoderamiento, inclusión y apoyo de los segmentos más vulnerables de la población.
También presentan puntos de convergencia con respecto al fomento de las pymes y las cadenas de valor, así como el apoyo al turismo rural, siendo metas prioritarias de las tres administraciones.
La diferencia importante que presenta la estrategia de la administración Solís Rivera es que propone llevar adelante procesos más intensos de desarrollo rural y territorial que las administraciones previas.
Siendo evidencia de ello, indica el informe, que han puesto un énfasis especial en los sectores agrícolas que abastecen el mercado interno, y no solo a aquellos que se orientan a la exportación.
El informe menciona que las tres administraciones estudiadas comparten un paradigma de desarrollo centrado en la promoción de un crecimiento económico balanceado y dirigido a la atención de la pobreza.
En educación las propuestas han sido claras en cuanto a la necesidad de formar estudiantes con un alto potencial técnico, fomentar el aprendizaje de otros idiomas, implementar programas de capacitación para acceder a empleos en el sector privado, expandir la infraestructura escolar, fortalecer las ayudas económicas para la educación y desarrollar programas de certificación internacional en este campo.
Además se han mantenido o expandido las redes de asistencia social y los programas dirigidos a poblaciones vulnerables, como el régimen no contributivo de pensiones, la Red de Cuido, el Programa Nacional de Empleo, proyectos de vivienda de interés social y el programa “Avancemos”, todos mecanismos de ayuda focalizada en personas pobres.
En cuanto a las diferencias en el Gobierno actual los temas de seguridad ciudadana no tienen la misma relevancia que en las dos administraciones previas, en las que se hizo énfasis en proyectos de ampliación y capacitación de la Fuerza Pública, combate del narcotráfico y fortalecimiento de políticas penitenciarias.
Por su parte la administración Solís Rivera solo contempla una meta prioritaria en este ámbito: la creación de una oficina coordinadora de la cultura de transparencia y lucha contra la corrupción.
La segunda diferencia, que plantea el informe, es que el Gobierno actual es el único que no tiene en su PND un capítulo dedicado exclusivamente a la reforma del Estado. Aunque se expone un conjunto amplio de principios generales que podrían guiar el abordaje de este tema, estos no se traducen en metas claramente definidas para encarar los problemas de rectoría institucional y la atomización de agendas de gobierno.
“Es posible afirmar que la administración Solís Rivera no rompe con el estilo de desarrollo que impulsaron sus predecesoras. El nuevo Gobierno es cauto, con una propuesta que busca ajustar ciertas áreas de política pública, pero dando continuidad a los sectores estratégicos”, concluye el informe.
