San José, 3 oct (elmundo.cr) – La diputada oficialista, Ada Acuña, señaló que analizan varias opciones de partido para llevar al movimiento rodriguista a las elecciones 2026.
En La Entrevista con Marielos Gutiérrez, Acuña comentó que “la gente se está acercando y nos está diciendo, vean, este es un grupo, queremos que ustedes nos tomen en cuenta ese movimiento social, que yo siento que nunca se había dado, en este momento se nos han acercado gente que están organizando partidos políticos”.
“Nosotros no tenemos ese proyecto político para darle continuidad, la gente abrió los ojos y lo que tenemos es un movimiento social importantísimo donde la gente lo que está diciendo es, aquí está esta propuesta”, agregó.
La diputada explicó que están esperando a ver “qué pasa en los próximos meses y cuál es esa oferta que pueda llegar bien madura y con los tiempos que el Tribunal Supremo de Elecciones, que se facilite las condiciones para llegar maduro, para poder ser un proyecto maduro, un proyecto político con todas las condiciones, con la transparencia que la gente necesita y creo que ese es el caminar”.
“Lo que pasa es que esta observación tiene que ver con qué tipo de gente está siendo incluida, si son transparentes, cuál es su discurso, qué es lo que están haciendo, quiénes son las personas, porque uno se topa en la calle y en las comunidades a la gente que ayudó desde el inicio de la campaña de don Rodrigo, uno se la topa que sin mayor apoyo, sin mayor capacidad económica, dieron todo para que don Rodrigo Chaves Robles llegara a donde está y esa gente uno se la topa, esa es la gente verdadera, esa es la gente que votó por un cambio político en este país y esa es la gente buena que hay que buscar”, agregó.
La oficialista fue clara en que el cambio político que empezaron con Rodrigo Chaves debe continuar, “la Ley Jaguar para mí, el resultado de todo esto es ver que la gente entendió que el soberano es el que manda en este país”.
“El objetivo era generar obra pública que sea más expedita y que no tenga tanta posible traba en términos generales, sin perder los controles ni la fiscalización que corresponde a una Contraloría General de la República. (…) El objetivo final de la Ley Jaguar era poder facilitar condiciones para agilizar los procesos de contratación administrativa sin perder la fiscalización ni los controles. Ahí es donde están los puntos medulares donde lamentablemente se procede a decir que es inconstitucional”, concluyó.
