San José, 25 oct (elmundo.cr)- Los diputados de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Movimiento Libertario, Restauración Nacional y Alianza Demócrata Cristiana, denunciaron este miércoles un acuerdo entre el Frente Amplio (FA) y Liberación Nacional (PLN), que debilitaría el régimen de pensiones del Poder Judicial.
Según los legisladores, el PLN estaría apoyando una serie de mociones para cumplir con un “compromiso directo” con los gremios del Poder Judicial, el cual fue adquirido por el candidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez en abril anterior, cuando aún era diputado.
“Tienen por objeto sacar y cumplir con ese compromiso tanto con la Corte, como con los gremios para que no hayan terceros fiscalizando la mala administración que ha tenido ese fondo en las últimas décadas, para que se cargue al presupuesto de la República los costos de la administración y que no haya supervisión sobre fondos que eventualmente quieren convertirlos en préstamos a través de terceros y que no tengan la supervisión del Conasif”, explicó Marcela Guerrero, del PAC.
Asimismo la legisladora añadió que están indignados con la forma en que han intentado negociar permanentemente un texto que no se aplica a la sostenibilidad financiera, ni actuarial del fondo.
Esto se debe a una moción negociada por el PLN y el FA y aprobada este miércoles, que eliminarían el cobro del “5xmil” que pagarían los trabajadores para la administración de su propio fondo mediante la Junta Administrativa, pasando el costo al Presupuesto Nacional; y eliminaría los integrantes técnicos independientes en la Junta Administrativa, dejando únicamente integrantes de la Corte y de los Gremios del Poder Judicial.
Según los legisladores si el proyecto se aprueba de esta forma, habría un riesgo de inconstitucionalidad y temen que la iniciativa que se trabajó por más de un año en una comisión especial, se “venga abajo”.
“Esas mociones no pueden ser aprobadas, porque tendrían un efecto dominó sobre toda la reforma, haciendo inaplicables otros artículos que se refieren a los controles y fiscalización de la administración del fondo” aseguró el diputado Rafael Ortiz, del PUSC.
Ante la situación, Natalia Díaz del Movimiento Libertario fue enfática en que es necesaria la intervención de técnicos, personas independientes a los gremios y la cúpula del Poder Judicial, en la administración del fondo.
FA y PLN se sacuden
Ante las acusaciones, tanto los liberacionistas como los del partido de izquierda se defendieron y refutaron lo señalado por las demás bancadas legislativas.
Por un lado, en la fracción verdiblanca afirmaron que este no es un acuerdo nuevo y que cuando el proyecto se encontraba en la comisión especial, siempre mantuvieron su posición de apoyar las mociones.
“En esas mociones dejamos plasmado cuál es nuestra posición en la comisión, ahora simplemente porque doña Marcela no sabe que es perder una moción o la arrogancia no se lo permite, dice barbaridades y nosotros lo que estamos es defendiendo lo mismo que defendimos en la comisión”, comentó el diputado liberacionista Julio Rojas.
Y añadió que “lo que estamos haciendo es garantizar que 100 magistrados que ganan más tienen que pagar la cuota obrera. Ellos están politizando este tema”.
En tanto, el diputado Francisco Camacho, del FA, aseguró que la intención de aprobar las mociones se debe a que consideran que estas son las más “convenientes y que no lo ponen en peligro y que procuran una vejez digna”.
