ACOJUD denunciará presiones indebidas contra la independencia de los jueces ante la ONU

San José, 4 oct (elmundo.cr) – “Toda presión indebida contra la independencia de jueces y juezas en Costa Rica venga de donde venga”, será denunciada la próxima semana por la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas para la independencia judicial, Margaret Satterhwaite.

ACOJUD sostendrá un encuentro formal con la alta funcionaria internacional este lunes 9 de octubre, en el marco del encuentro de jueces y magistrados de Latinoamérica, que se efectuará en Ciudad de México la próxima semana, al que además acudirán otras organizaciones internacionales.

La presidenta de ACOJUD, Adriana Orocú, señaló que se tratarán todos los temas que han propiciado la violación sistemática a la independencia judicial en el país, debido a la reforma de varias leyes que han debilitado al Poder Judicial, tales como la reforma al fondo de pensiones, la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y la Ley de empleo público.

“De igual forma, nos preocupa mucho las narrativas deslegitimadoras que se han pronunciado en los últimos días desde el Poder Ejecutivo, responsabilizando a la judicatura sobre el tema de seguridad ciudadana”, manifestó la jerarca.

La Relatoría de la ONU tiene como mandato registrar ataques a la independencia de jueces, abogados y fiscales, supervisar los avances conseguidos a la hora de proteger y mejorar su independencia; realizar recomendaciones concretas a los Estados y a otros actores e identificar vías para mejorar la independencia del Poder Judicial y de la profesión jurídica.

Durante los últimos años, la Relatoría ha registrado un importante número de ataques contra jueces y fiscales además de restricciones al ejercicio libre e independiente de su profesión, poniendo estas acusaciones en conocimiento de las autoridades nacionales.

En caso de Costa Rica, hay dos instrumentos específicos que señalan falencias en la Independencia Judicial, desde el 2020 y durante el mandato del anterior relator, Diego García Sayán, aspectos que no han sido corregidos y que más bien se han agudizado en el país.

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