Asamblea Legislativa, 26 ene (elmundo.cr) – El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, órgano que asesora legalmente a los diputados sobre los proyectos de Ley que presentan a la corriente legislativa, rechazaron categóricamente las intenciones por las que el Presidente Luis Guillermo Solís, vetó parcialmente el decreto legislativo sobre pensiones de lujo en exdiputados.
Tal iniciativa de los diputados se creó con el propósito de poner un tope a los incrementos anuales en las pensiones de estos diputados y sus herederos, además de eliminar la posibilidad de que estos se pensionasen antes de tiempo con cifras de hasta 7 millones mensuales.
El Gobierno vetó el artículo primero de la iniciativa de los diputados, al considerar que convertirla en Ley, reviviría la Ley 148 del año 1943 que permitía a los diputados pensionarse a los 50 años con tan solo haber trabajado 10 años en la función pública y con montos exorbitantes, además de que en caso de fallecimiento tal pensión pasaría a ser de sus hijos.
Los abogados del Departamento de Servicios Técnicos evacuaron una consulta de la diputada Sandra Piszk sobre este tema, donde concluyen que lo argumentado por el Poder Ejecutivo se rechaza categóricamente, además de que el espíritu del legislador es eliminar privilegios y otras gollerías de las que gozan en la actualidad.
El espíritu del legislador es usado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para resolver sobre un asunto en el que la persona que presenta una acción, presenta como base un proyecto de Ley. Los magistrados recogen las discusiones de los diputados sobre el proyecto de Ley para dejar claro cuál fue su intención a la hora de aprobar el proyecto de Ley, de modo que no se use con otros fines.
Para la Casa Presidencial, tal argumento no es suficiente para evitar que personas quieran pensionarse mediante ese mecanismo.
Inclusive, trabajadores de la Asamblea Legislativa ya se estaban organizándose para poder acogerse a la pensión apresurada usando la Ley redactada por los diputados.
“Sería jurídicamente inviable la aplicación del contenido del proyecto de Ley, en los términos que el Ministerio de la Presidencia ha invocado a los medios de comunicación”, dijo Fernando Campos Martínez, director a.i. del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
Hoy llegó la comunicación del veto parcial a la Asamblea Legislativa. Ahora serán los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales quienes acojan o no el veto. De acogerlo, deberán presentar un nuevo proyecto de Ley con todos los trámites que conlleva el mismo, si lo rechazan, los diputados en el Plenario deben votarlo nuevamente para convertirlo en Ley de la República sin la firma del Presidente.
