San José, 11 mar (elmundo.cr) – A siete años del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, organizaciones sociales y de derechos humanos realizarán un plantón este miércoles 18 de marzo a las 9:00 a.m. en el Pretil de la Universidad de Costa Rica (UCR) para exigir justicia y mantener viva su memoria.
La actividad es convocada por la Coordinación del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y Juventudes Indígenas.
Los convocantes, ante la pregunta sobre los responsables del crimen, responden con firmeza: “¡El Estado lo mató!”, al tiempo que reiteran que “¡la lucha continúa!”.
Sergio Rojas Ortiz, Bribri del clan Uniwak del territorio indígena de Salitre, fue un destacado líder en la lucha por la autonomía indígena y la recuperación de tierras en la zona sur del país.
Fundador y dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), Rojas Ortiz fue víctima de constantes agresiones, persecución y criminalización debido a su labor en defensa de los territorios indígenas.
El asesinato de Sergio Rojas ocurrió en la madrugada del 18 de marzo de 2019, mediante una ejecución al estilo paramilitar, recibiendo 15 disparos en su propia casa. Al momento de su muerte, el líder indígena tenía 59 años y tres hijos.
La violencia contra Sergio Rojas no fue un hecho aislado. Desde 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado al Estado costarricense brindarle medidas de protección debido a las amenazas y agresiones que enfrentaba.
A inicios de 2024, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur dictó sobreseimiento definitivo a favor de las dos personas no indígenas imputadas por el homicidio, argumentando insuficiencia de pruebas. Esta decisión fue tomada a solicitud del Ministerio Público y ha generado indignación entre familiares, comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos.
El caso ha estado marcado por un largo y cuestionado proceso judicial. En 2020, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada solicitó el sobreseimiento del expediente, lo que generó rechazo y presión nacional e internacional.
Durante el proceso, se filtró un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que incluía testimonios e intervenciones de comunicaciones, revelando mensajes de texto vinculados con los presuntos autores intelectuales del crimen.
El asesinato de Sergio Rojas Ortiz es considerado un crimen político, enmarcado en un contexto de creciente violencia contra los pueblos indígenas, vinculada al racismo institucional y a la falta de acciones efectivas del Estado para garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios, especialmente en lo referente a la protección de sus territorios.
