San José, 29 may (elmundo.cr) – Nueve de cada diez costarricenses afirman que los casos de sobresueldos por prohibición pagados a ocho jerarcas del Gobierno de Luis Guillermo Solís, son actos de corrupción.
Así se desprende de la última encuesta de opinión política efectuada por OPol Consultores para EL MUNDO, donde se consultó “¿Considera usted que el caso de los sobresueldos de los ministros y viceministros de este Gobierno son casos de corrupción?”.
La consulta hecha a 920 personas entre el 25 y el 27 de mayo arrojó que el 88% de los costarricenses, contrario a lo que ha dicho el Presidente Luis Guillermo Solís, sí considera que esos casos son actos de corrupción.
Un 9% de los entrevistados declinó catalogar los casos de sobresueldos como actos de corrupción, mientras que un 3% no respondió.
Ocho jerarcas designados en altos cargos por el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera han cobrado de manera ilegal más de ¢186 millones de colones, por la compensación salarial de prohibición para ejercer profesiones liberales.
Se trata de Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación y Policía; Ana Cristina Trejos, exviceministra de Vivienda y ahora directiva del BANHVI; Ana Gabriel Zuñiga, viceministra de la Presidencia; Víctor Barrantes, viceministro de Paz; Gina Paniagua, exviceministra de Vivienda y los ministros Mauricio Ventura de Turismo, Olga Marta Sánchez de Planificación y Alexander Mora de Comercio Exterior.
Todos ellos recibieron sin cumplir los requisitos establecidos, la compensación por prohibición que establece el artículo 15 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la cual es de un 65% adicional a su salario base.
El espíritu de la prohibición es que el funcionario afectado por ella reciba una compensación salarial, por no poder ejercer liberalmente mientras se desempeña en un alto cargo en la Administración Pública. Pagarlo a un funcionario que de todas maneras no puede ejercer su profesión, constituye una trasgresión a la norma que crea ese rubro salarial.
