San José, 24 oct (elmundo.cr) – Mediante el oficio No KNG-PLN-726-2020, ocho diputados de las fracciones del Partido Liberación Nacional (5), Frente Amplio (1), Restauración Nacional (1) y Acción Ciudadana (1), solicitaron al presidente de la República, Carlos Alvarado,que considere la interposición de un veto al Decreto Legislativo N°21.478.
Los firmantes son: Karine Niño Gutiérrez, Luis Antonio Aiza Campos, Roberto Thompson Chacón, Silvia Hernández Sánchez, Daniel Ulate Valenciano del Partido Liberación Nacional, Paola Vega del Partido Acción Ciudadana, José María Villalta del Frente Amplio y Mileidy Alvarado del Partido Restauración Nacional.
El jueves 22 de octubre se aprobó en segundo debate el Decreto Legislativo 21.478 “Ley para el aprovechamiento sostenible del camarón en Costa Rica”, “mismo que cuenta con una gran cantidad de razones que lo hacen inviable desde el punto de vista jurídico, ambiental, social y económico”, aseguran los legisladores.
Los diputados detallaron que la pesca de arrastre “destruye el fondo marino del océano, lo cual afecta directamente al sector turismo, por el cual Costa Rica es altamente conocido. Aprobar la pesca de arrastre pone en juego el nombre de Costa Rica a nivel internacional. No existe pesca de arrastre sostenible”.
“La estructura productiva de la pesca de arrastre perpetúa la desigualdad y feminiza la pobreza, reactivar la pesca de arrastre no brinda respuestas ni soluciones integrales para la ruta de reactivación económica o generación de empleo, es una solución cortoplacista, que afecta la pesca artesanal, al turismo y al medio ambiente”, sostienen.
Además añaden que “la pesca de arrastre atenta contra los principios precautorios, progresividad ambiental, objetivación de la tutela ambiental, progresividad social, igualdad, justicia económica, desarrollo sostenible democrático, garantías sociales y laborales”.
Los diputados recordaron que “la Sala Constitucional analizó el proyecto de ley y señaló que la eficacia de la ley sería condicionada a la realización de una serie de estudios técnicos, cuyo contenido presupuestario es inexistente y dadas las condiciones económicas que atraviesa el país, no hay mayores opciones de financiamiento disponibles”.
Aunado a ello la Sala Constitucional condicionó la constitucionalidad del proyecto a que los estudios técnicos y científicos estén en el plazo de 1 año. Por lo que es necesario tomar en consideración el criterio de Incopesca y el MAG.
“El ente competente para realizar los estudios correspondientes para el otorgamiento o renovación de licencias, es decir Incopesca, ha declarado en diversas que le es imposible cumplir con dichos estudios en el plazo de 1 año, solicitando se le otorgue el plazo de 24 meses”, resaltaron.
Los diputados manifestaron que “la Procuraduría General de la República llamó la atención sobre la insuficiencia de dichos estudios. Cabe señalar que, la Sala Constitucional omitió el análisis de los criterios técnicos supra señalados, al indicar que se requiere un control de legalidad y no de constitucionalidad”.
“Considerando las razones expuestas, nos permitimos solicitarle que en el marco de las competencias y potestades que se le asignan constitucionalmente, considere la interposición de un veto al Decreto Legislativo N°21.478, en atención a los compromisos de protección ambiental que usted atiende y promueve, incluso internacionalmente”, concluyeron.
