San José, 12 mar (elmundo.cr) – Un total de 70 organizaciones sociales y más de 170 personas han manifestado su rechazo al proyecto de reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.º 22.553), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.
Las organizaciones advierten que la propuesta legislativa “debilita la protección ambiental, favorece la privatización de playas y podría acelerar el despojo de comunidades costeras”.
El pronunciamiento, firmado por organizaciones de defensa ambiental, comunidades costeras, organizaciones sociales y la academia, señala que el proyecto abre la puerta a una mayor privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial.
“En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, indica el documento.
Las organizaciones recuerdan que ya habían advertido sobre los riesgos de iniciativas similares, como el expediente 23.148, por sus implicaciones sociales, ambientales y jurídicas. El pronunciamiento argumenta que, aunque la propuesta habla de “ordenamiento”, en realidad está orientada a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario.
Según las organizaciones, la reforma flexibiliza los requisitos de las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso autoriza usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con mobiliario o infraestructura comercial.
“Esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”, advierten.
El documento también alerta sobre el debilitamiento de las regulaciones ambientales, particularmente en ecosistemas estratégicos como los manglares. “Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”, señalan.
Estudios, incluyendo informes del Estado de la Nación, han documentado la pérdida de cobertura de los manglares debido a desarrollos turísticos y actividades agropecuarias.
Además, las organizaciones cuestionan que el proyecto otorgue un papel central al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento costero. “Esta reforma subordina las competencias municipales al ICT, una institución que históricamente ha priorizado los intereses del sector turístico empresarial y que no tiene mandato ni capacidades para gestionar los conflictos socioambientales en las zonas costeras”, indica el comunicado.
Otro de los principales cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales. “Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.
Ante estos riesgos, las organizaciones solicitan el archivo inmediato del expediente N.º 22.553 y la apertura de un proceso amplio de discusión sobre el futuro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre.
“Costa Rica no necesita más zonas de sacrificio costero, sino un marco jurídico que garantice justicia ambiental y territorial. La zona marítimo terrestre es un bien común de todas las personas, no un negocio para unos pocos”, concluye el pronunciamiento.
Finalmente, las organizaciones alertan que se ha intentado acelerar el trámite del proyecto en la Asamblea Legislativa y han solicitado una reunión con la Presidencia y las jefaturas de fracción para discutir los impactos de la reforma.
