San José, 14 oct (elmundo.cr) – Más de 179 mil sociedades, equivalente a seis de cada diez inscritas, no pagaron el impuesto a personas jurídicas correspondiente al periodo 2017, según informó el Ministerio de Hacienda.
La institución advirtió el viernes que dado el nivel de morosidad registrado, emprenderá una masiva campaña de cobro y señaló que ninguna sociedad que a la fecha se encuentra morosa en el pago del impuesto, podrá ser proveedora del Estado o de cualquier institución pública.
Hacienda indicó que las sociedades que han incumplido el pago del tributo se exponen al pago de intereses y mora, así como una eventual disolución de la sociedad en caso de adeudar tres periodos consecutivos del impuesto.
Asimismo, el Registro Nacional no le emitirá certificaciones de personería jurídica o certificaciones literales, ni inscribirá documentos, entre otras medidas.
De acuerdo con la Dirección General de Tributación, al 2 de octubre, las más de 125 mil sociedades que pagaron en tiempo generaron una recaudación de ¢3769 millones de colones.
Quienes deseen verificar el estado de cumplimiento de su sociedad pueden ingresar a la dirección www.hacienda.go.cr, apartado “Servicios Tributarios”, sección “ATV” y seleccionar la opción colocada en el extremo superior izquierdo de la página “Consulta de información tributaria”.
Para el período 2017, el pago sin sanciones debía realizarse entre el 1 de setiembre y el 2 de octubre de este año.
Los contribuyentes que deben cumplir con esta obligación son las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante, y las empresas individuales de responsabilidad limitada inscritas ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.
Incluye además las casas extranjeras, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita, sociedades colectivas y empresas individuales de responsabilidad limitada.
Los recursos provenientes de este impuesto son asignados al Ministerio de Seguridad Pública para financiar infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial, atención a la seguridad ciudadana y combate a la delincuencia; al Ministerio de Justicia y Paz para financiar la Dirección General de Adaptación Social; y al Poder Judicial para financiar el Organismo de Investigación Judicial en la atención del crimen organizado.
