Heredia, 16 ene (elmundo.cr) – Los especialistas de la Universidad Nacional (UNA) indicaron que en este 2024 no se visualiza un cambio en la forma en que el Poder Ejecutivo conduce la negociación política, con un estilo vertical implementado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, que él mismo ha calificado como “gerencial”.
José Andrés Díaz, politólogo del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo-UNA), señaló que “a hoy no conocemos una agenda de Gobierno clara y sólida y yo no espero ver un cambio radical este año. Me aventuraría a decir que aún están en medio de esa curva de aprendizaje. El tema de la seguridad es una bandera que han asumido, pero más por presiones externas y de la coyuntura actual, pero no porque así lo hayan definido”.
Por su parte el coordinador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la UNA, Carlos Carranza, indicó que “yo no veo voluntad del presidente para bajar el tono de su lenguaje, lo veo más bien sosteniendo un mensaje duro, autoritario, de populismo en algunas ocasiones, que se evidencia aun más cuando sus proyectos o iniciativas no se aprueban en el tiempo y en la forma en que él quiere”.
Para Carranza esto se evidenció el 22 de noviembre anterior, cuando, durante la presentación de la Política Nacional de Seguridad Pública 2023-2030, ordenó la desconvocatoria de los proyectos de seguridad que presentó en el actual periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, donde el Gobierno determina la agenda de iniciativas que conocen los diputados.
Este ejemplo retrata el choque que el Presidente ha hecho evidente, en este caso con el Congreso, pero que también se ha irradiado a otras instancias como el Poder Judicial en el tema de los procesos judiciales que se siguen a personas detenidas o con la Contraloría General de la República que ha objetado proyectos como el de Ciudad Gobierno, una de las iniciativas estrella de la actual Administración en temas de infraestructura.
Según el experto el mandatario debería contar con un equipo de análisis político y económico que pueda tener más peso en las decisiones que se toman, partiendo de criterios técnicos de los temas que se analizan. “La gestión pública debe tener una institucionalidad presente con un cuerpo de alto nivel, lo que podemos llamar la ‘cima estratégica permanente'”, reflexionó.
Sin embargo, la alta rotación entre jerarcas de la actual Administración refleja que ese es un desafío que no se ha logrado alcanzar. Citando a Maquiavelo, Díaz indicó que “el buen príncipe es el que tiene como ministro al que le dice lo que no quiere escuchar. Si tiene aduladores a su lado, va a perder el principado”.
El Gobierno de Chaves ha sufrido 36 bajas, entre ministros, viceministros y presidentes ejecutivos. Algunos de ellos incluso han salido en medio de polémicas y enfrentamientos directos hasta con el propio presidente como han sido los casos de Gloriana López (exjerarca del Patronato Nacional de la Infancia) o de Patricia Navarro (exministra de Comunicación). Incluso se dio la renuncia del expresidente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), por su presunta vinculación con una persona imputada en un caso de narcotráfico.
Carranza aseguró que es imperativo que se avance en la discusión de temas sobre reforma del Estado, fortalecimiento de la competitividad, la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social y el financiamiento internacional para proyectos de infraestructura (como el proyecto con el Banco Centroamericano de Integración Económica por $700 millones en discusión en la Asamblea).
Proyectos en materia de seguridad sí han avanzado con más celeridad en estos primeros días del 2024, luego de la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional. Incluso, el proyecto para evitar la reducción de prisión preventiva en ciertos delitos ya se aprobó unánimemente en el Plenario, mientras se cuece otra iniciativa que fortalece esta medida en delitos calificados como homicidios y robos.
Sin embargo, Carranza vislumbra a un Poder Ejecutivo interesado en seguir impulsando este año proyectos que han sido polémicos y que han generado fracturas con otros partidos políticos como el de jornadas extraordinarias de trabajo (conocido como 4/3) o el de la venta del Banco de Costa Rica.
La oposición
En la acera del frente, se visualiza una agenda propia de control político, donde la labor de las comisiones legislativas especiales (principalmente la de financiamiento a partidos políticos o la que analiza los contratos en Sinart) tengan un mayor peso en los enfrentamientos entre fracciones.
“No han querido establecer coaliciones formales entre ellos o con el Gobierno. Uno infiere que ha existido cercanía entre el Ejecutivo y un partido como Nueva República, pero al mismo tiempo no quieren verse cercanos. En cambio, Liberación Nacional lleva 12 años siendo oposición y no ha logrado establecer una propuesta diferenciadora y constructiva”, indicó Díaz.
1º de mayo
De reojo, las fuerzas políticas comienzan a ver cómo será la conformación del Directorio el próximo 1º de mayo. El actual presidente del Congreso, Rodrigo Arias, ha dejado entrever que si su reelección por tercer año consecutivo no se concreta, pensaría incluso en renunciar a su curul.
Carranza no estaría a favor de un cambio de timón. “No es el momento más oportuno”, indicó. Mientras que José Andrés Díaz, considera que no ve motivos para que no resulte electo. “Tampoco veo a nadie de la fracción del Gobierno aspirando al cargo”. Ambos expertos destacan en la gestión de Arias el contrapeso que ha ejercido en los momentos de intenso enfrentamiento político, ya que ha sido él quien ha convocado a las partes en reiteradas oportunidades para restablecer los puentes de diálogo.
Por otra parte, las próximas elecciones municipales parecieran no incidir directamente en el ajedrez político nacional, aunque se visualiza como un termómetro para valorar la fortaleza territorial de algunos partidos, con miras a las elecciones nacionales del 2026.
Lo que sí considera probable el politólogo Díaz es que este panorama de constante enfrentamiento abone a un desgaste en el apoyo a la democracia, por parte de la ciudadanía, en momentos en que el más reciente estudio del Latinobarómetro 2023 determinó que mientras en el 2010 un 63% de la población apoyaba este sistema de Gobierno, en el 2023 ese porcentaje se redujo a un 48%.
