Heredia, 6 sep (elmundo.cr) – En Costa Rica, 136 mujeres acuden diariamente a instancias judiciales para solicitar medidas de protección por situaciones de violencia, lo que se traduce en aproximadamente 62.000 casos anuales, según el Examen Periódico Universal Costa Rica de abril 2024 de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.
La cifra surge a raíz del reciente femicidio de Loida Villalobos, de 34 años, quien falleció presuntamente a manos de su esposo en San Carlos el pasado 27 de agosto. La víctima tenía una orden de restricción contra su agresor, la cual fue incumplida.
Para la experta en derechos humanos Larissa Arroyo, del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA), el Estado debe velar por la implementación adecuada de las medidas de protección establecidas en protocolos y manuales.
Arroyo resalta la importancia de determinar la magnitud de cada caso y proponer abordajes integrales que incluyan acompañamiento psicológico, laboral, educativo y de vivienda.
“No podemos enfocarnos únicamente en las medidas cautelares, necesitamos llegar a las causas profundas de la violencia”, afirma Arroyo. “Es esencial capacitar a las instituciones involucradas para garantizar una respuesta efectiva y respetuosa de los derechos de las víctimas”.
Además de la violencia física, las mujeres deben enfrentar mitos y estereotipos en el ámbito institucional. Arroyo señala que las denuncias a veces son tramitadas por funcionarios que carecen de perspectiva de género, lo que dificulta la protección de las víctimas.
Arroyo aconseja a las víctimas denunciar la agresión y preparar un plan previo que considere su situación particular. “Cada caso es diferente, y debemos analizar las variables socioeconómicas, laborales y familiares para brindar el apoyo necesario”, agrega.
En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 911 para recibir intervención inmediata y trasladar a la víctima a un lugar seguro.
La experta aboga por garantizar el patrocinio legal gratuito para las mujeres víctimas de violencia doméstica, una recomendación planteada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU. En Costa Rica, existe la ley 10.347 que promueve convenios para brindar este servicio.
Iniciativas legislativas
Actualmente, la Asamblea Legislativa discute el expediente 24.303, que busca crear un régimen de reparación integral para familias afectadas por femicidios, incluyendo asistencia jurídica.
Finalmente, Arroyo llama a desarrollar estrategias interseccionales que reconozcan las múltiples formas en que la violencia de género afecta a las mujeres, según su origen, etnia, identidad de género o condición de discapacidad.
