Costa Rica se encuentra entre los 10 países de Latinoamérica que genera más ataques maliciosos en las redes sociales. Así lo revela el Reporte de Seguridad Informática 2011 de la empresa ESET.
El estudio expuso además que el 36% de las empresas permite a sus empleados o funcionarios el uso de las redes sociales sin ninguna restricción; el 50% de los usuarios costarricenses considera que no hay procedimientos (software) maliciosos en dichos sitios y, el 22%, agrega como contacto a personas desconocidas en sitios como Facebook u otros. Es decir, tanto empresas como particulares incurrimos en prácticas poco seguras al utilizar internet.
Uno de los ejemplos más conocidos se dio cuando en 2013, delincuentes cibernéticos copiaron la página web del Banco de Costa Rica, confundiendo a los clientes con un sitio visualmente idéntico al original. Pero este no es un hecho aislado.
Este caso y muchos otros, evidencian el alcance de las amenazas asociadas a un mundo cada vez más dependiente de las tecnologías de la información y la comunicación. Internet se ha convertido en refugio y cauce de todo tipo de delitos. Los más tradicionales, como la venta de drogas, el tráfico de armas o la extorsión, han encontrado en Internet un fabuloso aliado. El crimen organizado dio un salto tecnológico del mundo real al virtual. Ya no sólo irrumpen en las viviendas para desvalijarlas; ahora “asaltan” por medio del correo electrónico y las redes sociales. Sucede que todo aquello que circula a través de la red es susceptible de robo. Los especialistas calculan que el cibercrimen pronto generará un negocio de más de mil millones de dólares anuales.
En nuestro país, el acceso a internet es una constante que no se detiene. De hecho, la Sala Constitucional declaró en la sentencia N°10627 del 18 de junio de 2010 que el acceso a internet es un derecho fundamental. Se trata de un instrumento indispensable en la sociedad de la información que la Sala vincula a los derechos a la comunicación y la información. Internet es sin duda fuente de grandes ventajas, pero también de todo lo contrario. Lo que corresponde entonces es prepararse.
La delincuencia informática, causa de cientos de delitos, particularmente relacionados con la producción y difusión de pornografía infantil, trata de personas, secuestro, robo de identidad, extorciones y estafas no puede ser visto con indiferencia por la población. Se trata ni más ni menos que una pieza más del nefasto rompecabezas utilizado por el crimen organizado.
Por ello, la aprobación del Convenio sobre Ciberdelincuencia que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa, no es una opción sino una decisión urgente que debe ser el complemento a nuevos paradigmas educativos, formativos y éticos, que reconozcan que para bien o para mal, la era tecnológica ha cambiado ya los patrones de nuestra existencia individual y colectiva.
